Constellation Brands, que produce y exporta la cerveza Corona que se consume en Estados Unidos, podría llevar al gobierno de México a enfrentar un arbitraje internacional, después de que la administración adviertiera que la Conagua no le dará los permisos para continuar la construcción de su planta en Mexicali, Baja California, en la que ya ejerció una inversión de 900 millones de dólares, de 1,400 millones presupuestados.
La cervecera tiene la opción de solicitar la protección de su inversión, con amparo en el Capítulo XI del aun vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se refiere a la protección de inversiones. De acuerdo con este apartado del pacto trilateral, los países no pueden nacionalizar ni expropiar, de forma directa o indirecta, una inversión con capital extranjero en su territorio. Tampoco pueden adoptar medidas equivalentes a los actos de expropiación.
“En este procedimiento, un panel de arbitraje internacional, con expertos en la materia, tiene que resolver si las acciones de un gobierno son una posible expropiación indirecta, que se refiere a todos los actos que puedan parecerse a una expropiación”, explica Michel Zelaya, experto en comercio exterior de Santamarina + Steta.
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En caso de que la compañía de origen estadounidense decidiera apegarse a este recurso legal en el futuro, una vez que el Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre en vigor , es el Capítulo 14 al que deberá apegarse, el cual, de acuerdo con especialistas de la firma legal, cuenta con unos estándares más estrechos frente al acuerdo anterior.
Alejandro Luna, socio director del área de comercio exterior y asuntos corporativos de Santamarina + Steta, añade que estos procesos pueden durar entre dos y tres años antes de lograr una resolución y, en ese lapso, es jurídicamente posible vender el activo.
El especialista añadió que en caso de que se compruebe que el gobierno realiza un acto indirecto de expropiación, debe hacer frente a un pago de daños al corporativo, que considera un monto más alto que la inversión, a causa de los daños que se pudieran causar.
“En estos casos, si la resolución favorece a los corporativos, los gobiernos deben indemnizar con el pago de daños, prejuicios e intereses que consideran la inversión, daños de marca, entre otros”, añade Luna.
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Expertos en comercio exterior de Santamarina + Steta explican que, para que exista un recurso legal a resolver e impugnar en el ámbito local, es decir, en territorio mexicano, debe existir un decreto de expropiación o un acto de cancelación similar, de lo contrario, la siguiente instancia legal es recurrir al arbitraje internacional.
Constallation Brands inició la construcción de la fábrica en el Valle de Mexicali en 2017 y en este lapso obtuvo diversos permisos estatales. En esta región, la “guerra” por el agua es una problemática que se vive desde hace una década.
Las demandas de grupos de agricultores y activistas llevaron al gobierno federal a realizar una consulta ciudadana el 22 de marzo, en la que 27,973 personas votaron en contra de otorgar a la planta los permisos de operación , los que representan el 76% de la población que acudió a votar y que representa el 4.6% del padrón electoral de Mexicali.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó un día después los resultados de esta consulta ciudadana que no es vinculante, y al no existir un decreto legal, puede quedarse como una opinión, de acuerdo con los expertos en materia legal.
A la par, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que no otorgarán los permisos de construcción que afecten infraestructura hidráulica que serían solicitados por la empresa para finalizar las obras.
“Es una encuesta, y hoy por hoy, esta figura no está prevista en la Constitución. Es una convocatoria que no se consideró vinculante y, por tanto, solo es una opinión. A menos que haya un decreto de expropiación o algo similar no hay un acto de cancelación que impugnar”, comenta Michel Zelaya.
Por ahora, Constelación Brands y el gobierno federal manifestaron su disposición a trabajar de manera conjunta para lograr un acuerdo sobre el futuro de la planta cervecera en Mexicali, y se espera que existan reuniones, por tanto, es probable que eviten escalar esta disputa ante un panel internacional.
Expansión solicitó entrevista con la empresa que, por el momento, no ofreció comentarios. El gobierno señaló que sostendría pláticas con la empresa para "subsanar los daños".
