Greenpeace logra suspensión contra el cerco del gobierno a las renovables

“En este último supuesto, los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del acuerdo reclamado”, dice el segundo juzgado en materia de competencia económica.

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El juez determinó frenar tanto la aplicación de esta política como del acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el 29 de abril.

“Resultará interesante que a Greenpeace se le reconozca legitimidad para interponer el juicio de amparo. En el fondo ya no se limita a las empresas, sino en el fondo hay un reconocimiento de que puede existir una afectación al medio ambiente”, dice Daniel Salomón, asociado del despacho González y Calvillo.

La suspensión provisional del juzgado prevé entonces que deben detenerse todas las acciones de las autoridades dirigidas a activar estos mecanismos, que han causado malestar y polémica tanto en el sector de las renovables, como en general entre la iniciativa privada.

“Es importante precisar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables”, dice el juzgado, dentro del juicio de amparo número 104/2020 promovido por Greenpeace.

Las modificaciones a las reglas sobre la operación del mercado eléctrico, empujadas desde la Secretaría de Energía (Sener), perjudican a todos menos a la CFE. Según empresas, asociaciones y analistas consultados por Expansión, los cambios amenazan no sólo a las inversiones de empresas que apostaron por el desarrollo de las energías solar y eólica en México, sino a todas las inversiones del sector privado, además de los usuarios industriales, comerciales e incluso a los pequeños consumidores.

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La dependencia que dirige Rocío Nahle emitió el 15 de mayo de forma atropellada una nueva política enfocada en el acceso y uso a las redes de transmisión y distribución eléctrica del país, en una resolución que terminó con la renuncia del titular del órgano que revisa el impacto de las nuevas reglamentaciones, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

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La secretaría argumentó primero que debía expedirse de manera urgente esta regulación derivado del impacto de la crisis sanitaria en la demanda eléctrica y posibles fallas asociadas al uso de centrales solares y eólicas; para luego defender que este instrumento iba destinado a ordenar al sistema eléctrico en su conjunto, más allá de la epidemia de la COVID-19.

Las empresas han recibido con alarma total estas modificaciones –existen más de una decena de amparos en contra del acuerdo de finales del mes pasado, y se han otorgado suspensiones provisionales en al menos tres- debido a que ven en el fondo una regresión en las reglas de este mercado.