Más de dos décadas ha tomado a la sociedad y el Estado mexicano crear un sistema regulatorio en materia de competencia para impedir que los agentes económicos abusen de su poder sobre los consumidores, con un avance lento pero constante en este objetivo. La propuesta ahora de fusionar a tres de estos órganos conducirá a una involución en este proyecto, coinciden expertos en materia de Competencia Económica, Energía y Telecomunicaciones.
La sombra del gobierno amenaza a los reguladores
Los expertos aseguran que la propuesta de fusionar la Cofece, el IFT y la CRE convertiría a estos órganos en instrumentos políticos incapaces de abogar por el bienestar social.
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Ricardo Monreal, líder de la banca de Morena en el Senado, lanzó una propuesta que ha cimbrado los cimientos del llamado modelo del Estado Regulador, donde propone fusionar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en un solo instituto que amalgamará todas sus funciones. Solo se le quitará de encima la que corresponde a los mercados de petrolíferos y gas natural, que pasarán a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El proyecto del legislador del partido que domina ambas cámaras del Congreso fundamenta la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) como una forma de lograr ahorros presupuestarios de 500 millones de pesos al año.
Los expertos, sin embargo, ven en esta maniobra un fin más concreto: la captura de los reguladores por el Poder Ejecutivo.
“La iniciativa no tiene ninguna justificación. Parte de una premisa equivocada de ahorrar recursos aprovechando sinergias, cuando en realidad son simplistas comparado con el deterioro y la transparencia del regulador (…) La única intención es la de capturar a los órganos autónomos y centralizarlos en el Ejecutivo”, dice Rodrigo Morales Elcoro, catedrático de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y exregulador antimonopolios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el artículo 28 constitucional busca entre sus objetivos la existencia de organismos “independientes de los órganos políticos y de los entes regulados”, dice Morales Elcoro, en referencia a sentencias del máximo tribunal.
El anteproyecto, que ha recibido un espaldarazo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre que se busquen “ahorros”, se dirige a destruir este objetivo, al construir un nuevo regulador que no tendrá esa independencia.
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“Si hay algo que ha blindado de la captura a estas instituciones actuales es tener un examen de conocimientos”, dice Alexander Elbittar, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y especialista en temas de Competencia Económica.
La propuesta de Monreal quita los exámenes técnicos de admisión que ahora se aplican a los candidatos que quieren tomar un puesto en los Plenos del IFT y Cofece.
Estos mecanismos han ayudado a asegurar el nivel técnico de los candidatos antes de la selección por parte del Congreso, una falla que se evidenció en la elección de los comisionados de la CRE del año pasado, y que han llevado a un cuestionamiento sobre la conformación actual de este regulador. A diferencia de los otros dos, la CRE no tiene el carácter de autónomo constitucional, sino que tiene una menor autonomía como un órgano regulador coordinado en materia energética, al igual que la CNH.
Fernanda Ballesteros, coordinadora del programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, explica que con esta propuesta se nombrarán solo a cinco nuevos consejeros que no necesariamente tendrán los conocimientos y la experiencia necesaria para atender las demandas del instituto. Además, ni siquiera serán suficientes para realizar las actividades que hoy hacen los tres órganos que pretenden fusionar.
“Se está debilitando la posibilidad de defender el interés público, porque atiborras de tareas y responsabilidades al talento, que de por sí ya va a tener 500 millones de pesos menos de presupuesto”, agrega Adriana Labardini Inzunza, quien fue Comisionada del IFT de septiembre de 2013 a febrero de 2018.
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“Las únicas que ganan con esto son las empresas poderosas, que fácilmente van a poder captar al regulador que no es especialista ni tiene un grado de conocimiento suficiente para evitar ser ‘mareado’ por las compañías”, menciona.
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Además, añade que para ser comisionado en este nuevo instituto se requerirá de una maestría, pero que forme parte del programa nacional de posgrados del Conacyt, un padrón que incluye universidades públicas de México. “Todos los posgrados en el extranjero no tendrán validez, así sea un premio Nobel, un especialista con fama mundial o un experto con doctorado no podrá participar”, detalla.
“Estamos ante un retroceso de 25 años en materia de competencia”, dice Morales Elcoro.
El proyecto de la bancada de Morena tampoco soluciona uno de los problemas que sí se han estudiado y criticado en la actual conformación de los organismos autónomos, en particular para el IFT. Este organismo tiene una dualidad en sus atribuciones, porque regula al mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, y también 'arbitra' a sus agentes económicos para evitar que abusen de su poder, dos visiones que en muchas ocasiones se contraponen, dice Elbittar.
“No le dedican un solo párrafo a que van a requerir un trabajo coordinado entre estas dos funciones”, advierte Víctor Pavón-Villamayor, director general de la consultora Oxford Competition Economics.
Con referencia internacional
La propuesta además toma como referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, un organismo creado en 2013 justo como respuesta a una crisis económica, pero que ha sido criticada por sus resultados, coinciden los analistas.
“El ahorro fue realmente menor, pero el costo de hacer todos los cambios y el estrés que le causaron a las instituciones fue muy grande. En México lo sería mayor cuando en estos momentos estamos viviendo una pandemia, estamos enfrentando un reto muy grande y poner a estas instituciones en un proceso de cambio para ahorrar una cantidad menor, no lo vemos justificado”, menciona Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC) México.
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“En el caso español hemos visto casos de familiares de gente en el gobierno en altos cargos de la cúpula del CNMC, además tienen el problema de que muchas de las multas que imponen terminan por caerse en el poder judicial”, dice una abogada experta en temas de competencia económica, que habló bajo condición de anonimato, porque no tiene el permiso de su firma para hacer declaraciones en público.
Los españoles han intentado regresar al modelo donde se separa la vigilancia de estos mercados desde 2017, pero la crisis política del país no ha permitido que estos proyectos avancen, agrega Elbittar.
El anteproyecto también va a afectar a la CNH que, si bien no va a desaparecer, propone ampliar sus facultades con mercados como el de los combustibles que ahora ve la CRE –la propuesta de Monreal solo moverá al sector eléctrico al nuevo organismo-, lo que va a afectar su estructura y relación que ha construido con sus regulados, que se limita ahora a las firmas que exploran y explotan hidrocarburos, dice María Valencia, internacionalista especializada en temas energéticos.
“México ha llegado a tal punto donde otros países, cómo Malasia o Cuba, se han acercado para saber cómo se hicieron en las rondas petroleras”, dice Valencia.
Añadir nuevas funciones a la CNH va a tomar años para aterrizarlo y lograr la misma especialización que tiene en el segmento conocido como aguas arriba (upstream), dice la especialista.
Riesgos y polémicas
Específicamente en el caso del IFT, los expertos coincidieron en que no es posible extinguir por completo el órgano, debido a que el capítulo 18 del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige la existencia de un regulador independiente para el sector de las telecomunicaciones.
“Si este lineamiento no se cumple se viene, al menos, una batalla desde diferentes frentes para exigir la independencia del órgano y no arriesgar el tratado”, advierte Ballesteros desde México Evalúa.
Dentro del organismo de telecomunicaciones, la propuesta para crear el Inmecob también generó polémica en las redes sociales, medio que utilizó Irene Levy, presidenta de la organiación no gubernamental Observatel, para demostrar que en la primera versión del documento aparecía como autor Vladimir Rosas Pablo, director adscrito al área de la oficina de Adolfo Cuevas, presidente del IFT.
.@cuevas_adolfo al revisar las propiedades de la iniciativa de @RicardoMonrealA vs @IFT_MX , @cofecemx y CRE, aparece como autor Vladimir Rosas Pablo, director adscito a su área, comisionado. Ojalá nos aclaren si fue redactada en el propio IFT o, en su caso, se deslinden.Gracias. pic.twitter.com/zrzjtnz3Zr
— Irene Levy (@soyirenelevy) June 10, 2020
En su cuenta oficial de Twitter, Levy señaló posteriormente que el nombre del funcionario había sido eliminado. Por esta misma vía, cinco de los seis comisionados que forman parte del pleno del IFT exigieron esclarecer la participación del regulador en la propuesta de Ricardo Monreal.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones no respondió a la petición de entrevista para aclarar esta información, después de que comunicara no tener conocimiento alguno sobre el anteproyecto.
Fernanda Ballesteros confía en que la propuesta no se valide, pues además de que tiene que ser discutida ampliamente, su aprobación sería muy preocupante. “Tendría que presentarse una evaluación, la razón, una ponderación de costos y beneficios. No es una iniciativa que fácilmente vaya a ser aprobada, las instituciones requerirán defenderse”, menciona.
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