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La Cofece analiza una controversia constitucional contra la política eléctrica

El ente antimonopolio discutirá mañana presentar esta medida de control constitucional contra el acuerdo del gobierno.
mié 10 junio 2020 05:45 PM
Alberta Canada countryside
Al tratarse de una controversia constitucional, debe estar relacionado sobre alguna contradicción entre las facultades del regulador en materia de competencia económica, y la publicación de la política.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) discutirá este jueves una propuesta para lanzar una controversia constitucional en contra de la publicación de la política de confiabilidad en el sistema eléctrico, una medida que ha enfrentado al gobierno con varios actores de este sector, desde asociaciones de renovables a agrupaciones ambientalistas.

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El ente antimonopolio listó para la presentación y discusión de una posible controversia constitucional en contra de esta política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad publicado por Sener, en su sesión de este jueves, según consta en la lista de asuntos a tratar por el regulador.

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El aviso en listas no da más detalle sobre los puntos sobre este proyecto, pero al tratarse de una controversia constitucional, debe tratar sobre alguna contradicción entre las facultades del regulador en materia de competencia económica, y la publicación de la política.

La interposición de la controversia implicará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deba analizar de manera directa el asunto, para dirimir si existe o no un conflicto entre las atribuciones de la Cofece y el gobierno federal.

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Las modificaciones a las reglas sobre la operación del mercado eléctrico, empujadas desde la Secretaría de Energía (Sener), perjudican a todos menos a la CFE. Según empresas, asociaciones y analistas consultados por Expansión, los cambios amenazan no sólo a las inversiones de empresas que apostaron por el desarrollo de las energías solar y eólica en México, sino a todas las inversiones del sector privado, además de los usuarios industriales, comerciales e incluso a los pequeños consumidores.

Algunas asociaciones como la ambientalista Greenpeace han logrado suspensiones provisionales que impiden a cualquier autoridad aplicar la política, además de que los juzgados especializados en materia de competencia económica han admitido y otorgado otras suspensiones a empresas privadas contra este acuerdo.

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