Con 25 empresas probando sus vacunas candidatas en humanos y preparándose para inmunizar a cientos de millones de personas, una vez que se demuestre que los productos funcionan, la cuestión de quién paga las demandas por daños y perjuicios en caso de efectos secundarios ha sido un punto delicado en las negociaciones de suministro.
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"Esta es una situación única en la que nosotros, como compañía, simplemente no podemos asumir el riesgo si en ... cuatro años la vacuna está mostrando efectos secundarios", dijo a Reuters Ruud Dobber, miembro del equipo ejecutivo de Astra.
"En los contratos que tenemos en vigor, estamos pidiendo una indemnización. Para la mayoría de los países es aceptable asumir ese riesgo sobre sus hombros porque es de interés nacional", dijo, añadiendo que AstraZeneca y los reguladores estaban haciendo de la seguridad y la tolerabilidad una prioridad máxima.
Dobber no quiso nombrar a los países.
Altos funcionarios de la Unión Europea dijeron a Reuters esta semana que la responsabilidad por los productos se encontraba entre los puntos conflictivos de los esfuerzos europeos para asegurar los acuerdos de suministro de las potenciales vacunas COVID-19 de Pfizer, Sanofi y Johnson & Johnson.
Sin embargo, Estados Unidos ya cuenta con una ley que excluye las demandas por daños y perjuicios de los productos que ayudan a controlar una crisis de salud pública, concretamente en la Ley de preparación ante emergencias y disponibilidad de la población de 2005, o Ley PREP.
AstraZeneca, el segundo mayor fabricante de medicamentos de Reino Unido, se ha comprometido a suministrar un total de más de 2,000 millones de dosis sin fines de lucro en acuerdos con los Estados Unidos, Reino Unido y los países europeos, entre otras naciones y organizaciones.
