De acuerdo con el organismo federal, el ex funcionario faltó a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
“Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”, se lee en un comunicado de prensa dado a conocer esta tarde.
En el texto, la Función Pública no detalla cuál es la compañía que supuestamente fue favorecida ni el número de permisos que le fueron otorgados.
Desde febrero del año pasado, el presidente López Obrador acusó a García Alcocer de conflicto de interés, sin dar más información al respecto ni pruebas en ese momento.
El titular del ejecutivo hizo estas acusaciones días después de que se diera a conocer una entrevista en la que el ex titular del órgano regulador criticaba los perfiles de quienes, dos meses después, se convertirían en los nuevos comisionados de la CRE.
Estas declaraciones desataron una pugna, que finalmente culminó con la renuncia del entonces presidente de la CRE, quien al momento de dejar su cargo aseguró que su decisión se debía a que tenía una visión muy distinta a la de la nueva conformación del regulador, que en abril del año pasado sumó cuatro nuevos comisionados propuestos por López Obrador.
Desde el inicio del actual sexenio, la CRE –el regulador del sector eléctrico y de petrolíferos– ha acaparado reflectores, debido a una serie de críticas continuas del ejecutivo por supuestamente haber contribuido al debilitamiento de la CFE y Pemex, que perdieron la exclusividad en el mercado tras la reforma energética.
“En el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación”, dice la Función Pública en el comunicado publicado el miércoles.
En los últimos meses, el regulador ha prácticamente congelado las autorizaciones para los participantes privados del mercado de petrolíferos y de generación eléctrica, como parte de una estrategia del gobierno federal para fortalecer la posición de las dos empresas estatales de energía.
