“Si bien la reforma no lo menciona como tal, el gobierno ha avanzado en ese plan. Ya eliminó el plan para deshacerse de las centrales y con la reversa en el criterio de despacho se abre una ventana para que utilice todas aquellas centrales que estaban en proceso de salir o en la lista para hacerlo en los años siguientes”, dice un excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía que pidió no ser citado.
El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) de 2018 –el último de la administración anterior– contiene una lista de poco más de 100 centrales eléctricas que deberían salir de despacho en los próximos años, principalmente plantas que funcionan a base de combustóleo, carbón y diesel.
Pero los últimos dos documentos de este tipo no incluyen una lista de plantas a retirar, ni programas de desmantelamiento de las centrales. “Cuando ves eso y el nuevo criterio de despacho se puede inferir que una de las finalidades es recuperar la capacidad de las centrales que ya se creían perdidas”, dice la fuente.
Y son justamente esas centrales carboeléctricas, termoeléctricas y turbogas las que se sitúan dentro de las plantas con mayores costos de generación dentro del parque de la CFE.
Las organizaciones ambientalistas también han acusado que son estas centrales las que más costos generan al ambiente
La administración actual de la CFE ha asegurado que el actual criterio de despacho –en la que se prioriza a las plantas con los costos variables más bajos–ha dejado en desuso o en reserva fría a algunas de sus centrales, como las carboeléctricas.
En julio pasado la estatal ya había dio a conocer que acordó con el Centro Nacional de Energía (Cenace) aumentar el uso de algunas centrales, como las que funcionan a base de carbón, con la finalidad de reactivar algunas de sus plantas que no estaban generando electricidad.
En noviembre pasado la Comisión Reguladora de Energía también aprobó un proyecto para extender los contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad y para quitarle la obligación de acudir a las subastas eléctricas para satisfacer su demanda de energía.
Y la reforma a la LIE elevaría a lo legal esta petición de la compañía dirigida por Manuel Bartlett.
Pero el estado actual de algunas de las centrales –como las termoeléctricas y las de combustión interna que han superado su vida útil– y la falta de capital para mantenimiento podría poner en jaque el plan de la estatal.
“Justo porque son viejas no tienen una disponibilidad o capacidad operativa que permita estar disponible todo el tiempo que la demanda lo necesite. En la práctica es mucho muy probable que que muchas de estas plantas no estén operando y entonces tengan que comprar de mercado”, dice Casiopea Ramírez, managing director de la consultora Fresh Energy.
Con la reforma a la ley, las centrales de la CFE –sin importar el combustible– sólo quedarán por detrás de las hidroeléctricas, también de su propiedad, dentro de la fila para subir la electricidad generada al sistema.
