La contrarreforma eléctrica va: el Senado aprueba los cambios a la ley

Al terminar la votación, al filo de la 1 am, los legisladores de oposición amagaron con llevar los cambios a la Suprema Corte y a tribunales, como se ha hecho con el resto de las modificaciones emitidas desde el inicio del sexenio.

La iniciativa presidencial –que fue enviada bajo la figura de preferente– ya fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados. Y ahora, tras el visto bueno de los Senadores, regresará al ejecutivo para ser promulgada y ejecutada en los próximos 180 días.

Desde el inicio del sexenio, la administración del presidente López Obrador ha buscado cambiar en lo legal las reglas del mercado eléctrico, sin que hasta ahora tuviera éxito debido a una serie de recursos legales puestos en marcha por parte de compañías privadas y organizaciones.

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Así, la reforma de la LIE es el primer paso en firme que da la administración federal para elevar a nivel de ley las modificaciones que marcan un cerco a la generación renovable y de fuentes privadas.

La iniciativa presidencial agrupa los cambios buscados desde el inicio del sexenio: la forma en que se otorgan los Certificados de Energías Limpias, que ahora solo son para nuevas centrales y que se busca puedan ser emitidos en favor de la CFE; la revisión y probable cancelación de los permisos de autoabasto, y la derogación de la obligación de la CFE para acudir al mercado de subastas eléctricas para la contratación de nueva capacidad de generación.

Pero el cambio más profundo, y que más preocupa al sector privado, yace en la forma en que hasta ahora se sube la electricidad al sistema.

La reforma busca cambiar el orden utilizado hasta ahora, basado en criterios económicos –mediante el cual la electricidad que se usa primero es la que tiene los costos variables más bajos– por uno en el que se privilegie a las hidroeléctricas y el resto de las centrales propiedad de la empresa estatal.

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Así, se utilizará en primer lugar la electricidad generada en las hidroeléctricas de la estatal CFE, seguida de la producida en el resto de las plantas de la compañía –sin importar el combustible que utilicen en el proceso– , para dejar al final de la fila a la proveniente de las centrales renovables y de gas natural de los participantes privados.

La iniciativa se aprobó pese a un pronunciamiento en contra de parte de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y un fallo de la Suprema Corte de Justicia en contra de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, que prácticamente contiene todos los lineamientos de la iniciativa de reforma.

Organismos internacionales también se han pronunciado en contra de la reforma a la ley. La semana pasada el Consejo Mundial de Energía Eólica y el Consejo Mundial de Energía Solar publicaron un documento en el que acusan que el gobierno mexicano ha erosionado el entorno de inversión para las tecnologías renovables en el país y que este último cambio sólo devolverá al país a un camino lejos de la transición energética.

También representantes de gobiernos de países como Estados Unidos, Canadá y los miembros de la Unión Europea han enviado cartas al gobierno mexicano derivado de los constantes cambios en el mercado cuya apertura se formalizó con la reforma energética. Pero hasta ahora ninguno de los pronunciamientos ha causado eco.

Los participantes del sector ya esperan una serie de amparos en contra de la iniciativa presidencial. Compañías entrevistadas también han afirmado que ya tienen preparada una estrategia legal para hacer frente al último cambio en el mercado eléctrico.