Desde su inicio, la administración federal ha buscado en diversas ocasiones modificar las reglas hacia los privados, a través de acuerdos con los reguladores del mercado y la emisión de nuevas políticas en el sector, sin que hasta ahora haya tenido éxito al respecto, debido a una serie de amparos interpuestos y ganados por compañías y organizaciones.
Pero esta es la primera vez que los cambios se elevan a nivel de ley.
“Es congruente con todo lo que han venido diciendo, han venido amenazando con esto desde hace unos meses y esto es cercano a la instancia final. Creo que el mensaje es: ‘dado que he tenido dificultades para lanzar mi propuesta de cambiar de manera más discreta (el mercado) a través de mecanismos como acuerdos o con una política, pues voy casi con todas las canicas para reformar, ahora sí, la ley y poder cumplir con la meta que me propuse”, dice Paul Sánchez, un analista del sector.
Desde finales del 2019, el sector eléctrico ha atravesado una serie de modificaciones en el mercado y parálisis en la emisión de nuevos permisos. Participantes y analistas del sector no se dicen sorprendidos con la iniciativa dada a conocer este lunes.
“No es ninguna sorpresa, en el sentido en que han venido anunciando modificaciones al marco jurídico eléctrico, pero ahora están limitando de una forma inconstitucional los proyectos de generación privados, estableciendo condiciones que no estaban cuando llegaron las inversiones a México”, coincide Claudio Rodríguez-Galán, de la firma jurídica Thompson & Knight.
Todos los cambios incluidos en la iniciativa preferente enviada por el presidente están encaminados a reforzar el papel de la CFE y ya habían comenzado a ser implementados en la práctica.
El ejecutivo ha solicitado al Congreso modificar en la LIE el orden en que se despacha la energía eléctrica al sistema, para privilegiar el uso de las centrales eléctricas propiedad de la estatal.
Tras la reforma energética, la electricidad era despachada con base en criterios económicos, lo que implica que se utilicen primero los métodos de menor costo –generalmente los eólicos y solares– y dejando al final la generación a través de fuentes fósiles, que resultan más caras y que en su mayoría pertenecen a la empresa estatal.
Ahora, el ejecutivo busca cambiar el criterio de despacho económico por uno denominado “de entrega física”, en el que se utilice primero la electricidad de hidroeléctricas y de las plantas eléctricas de la CFE y se deje para después las centrales renovables y de ciclo combinado –que funcionan a base de gas natural– propiedad de los privados.
Esto ya había sido solicitado por el presidente López Obrador a los reguladores, en especial al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en un memorándum de julio del año pasado y reafirmado durante una reunión de septiembre en Palacio Nacional.
“(La modificación) permitirá superar la relegación intencionada de las centrales de la CFE, asegurando su despacho prioritario ante otros participantes de la industria eléctrica y logrando así la rentabilidad a que obliga la legislación vigente para los proyectos de la CFE y de la nación”, se defiende en el documento.
La iniciativa incluye una de las obligaciones que adquirió la empresa estatal tras la reforma, bajo la cual debía celebrar contratos de cobertura exclusivamente vía subastas eléctricas.
Y aunque la Comisión Reguladora de Energía aprobó en noviembre pasado un proyecto para que la CFE no cumpla con la obligación de convocar a nuevas subastas para garantizar el suministro futuro, el gobierno federal busca elevar esto a rango de ley.
Este cambio ya había sido anticipado, después de que dentro de una de sus primeras acciones, la administración decidió cancelar la cuarta subasta eléctrica de largo plazo.
Los Certificados de Energías Limpias (CEL), un mecanismo creado tras la reforma para incentivar la construcción de centrales renovables y para acreditar la consecución de las metas de generación limpia, también serán modificados de ser aprobada la iniciativa. La Comisión Reguladora de Energía sólo podía entregar estos a las nuevas plantas eólicas o solares edificadas a partir de 2013.
Pero el ejecutivo busca que estos certificados también sean entregados a las centrales legadas de la CFE, es decir, aquellas que ya habían sido construidas antes de la reforma en el sector. La iniciativa argumenta que este cambio sólo busca fomentar un mercado de competencia igualitario.
La Secretaría de Energía presentó un acuerdo para modificar la forma en que se otorgan los CELs en octubre de 2019, que fue detenido por jueces después de que compañías privadas interpusieron una serie de amparos.
La iniciativa también va encaminada a dar a la CRE la facultad de revocar permisos de generación de autoabasto, una figura utilizada por industriales para su consumo y el de sus socios, a través de centrales principalmente eólicas y que hacen uso de la red de transmisión de la compañía nacional.
Los privados ya han atravesado en los últimos meses por la paralización del mercado y una serie de cambios en las reglas del sector, pues el regulador ha pausado la emisión de nuevos permisos de generación como parte del plan presidencial por devolver a la CFE el poder del mercado y ha aprobado un aumento en algunas de las tarifas que pagan a la empresa estatal.
Los especialistas del sector aseguran que la nueva jugada presidencial, de ser aprobada, traerá una nueva ola de amparos y posibles controversias relacionadas con los tratados internacionales firmados por México.
Pero el presidente, que ha amagado con presentar una contrarreforma energética si es necesario, se acerca cada vez más a derribar el mercado naciente que haría competencia a las dos empresas estatales.
