Los congresistas pusieron como fecha límite el 25 de mayo para que la automotriz aclare algunas interrogantes relacionadas con el polémico proceso de votación para ratificar tanto el contrato colectivo de trabajo como a sus representantes sindicales, en la planta en Silao y sobre las acciones que tomó GM una vez que tuvo conocimiento de los hechos, entre ellos destrucción y manipulación de votos.
En abril, la Secretaría del Trabajo en México suspendió la votación dirigida por el sindicato 'Miguel Trujillo López' en la armadora de Silao por irregularidades en el proceso. De acuerdo con la dependencia oficial, se detectaron boletas destruidas, además de que cuando se le pidió al sindicato entregar los votos emitidos para su análisis éste se negó.
La suspensión se dio en el primero de los dos días que se habían destinados al proceso, en el que fueron contabilizados 3,435 votos de los 6,494 trabajadores que debían participar.
En un comunicado, General Motors dijo que no estuvo involucrado en violaciones a derechos laborales en México, y que ha contratado una empresa externa para realizar una "revisión independiente y exhaustiva" tras las acusaciones de manipulación de voto sindical.
Los miembros del Comité de Maneras y Formas del Congreso de Estados Unidos reconocieron el papel activo de la Secretaría del Trabajo de México por recomendar cargos criminales contra actores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y advirtieron que los eventos reportados parecen violar el nuevo acuerdo comercial T-MEC.
"Esperamos que el gobierno de Estados Unidos investigue de manera agresiva y utilice todos los remedios del T-MEC para abordar de manera efectiva las violaciones y demostrar públicamente que los derechos laborales serán protegidos", agregaron.
En el capítulo 23 del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se pide a los tres países legitimar a los sindicatos y a los contratos colectivos de trabajo de las platas a través de votaciones.
El anexo 23 A pide incluir en la legislación laboral disposiciones que garanticen el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de las empresas.
En México hay 24 plantas propiedad de armadoras, pero hasta finales de 2020 solo una tercera parte ya habían cumplido con el trámite: cinco de Ford, una de Kia, una de Toyota y una de Honda.
Los señalamientos hechos a General Motors ocurren a unas semanas de que el sindicato de Estados Unidos, United Auto Workers (UAW), se quejó de la inversión que la automotriz anunció en Coahuila, México, de 1,000 millones de dólares para impulsar la producción de vehículos eléctricos.
Terry Dittes, presidente de la UAW, dijo en un comunicado que "en un momento en el que General Motors está solicitando una significante inversión del gobierno de Estados Unidos en subsidios para los vehículos eléctricos, esto es una bofetada en la cara no solo para los afiliados de UAW y sus familias, sino también para los contribuyentes y los trabajadores estadounidenses".
La congresista demócrata Debbie Dingell, una de las representantes de Michigan, también criticó la decisión de GM.
"Ningún dólar estadounidense debería apoyar que nuestros empleos sean transferidos a México, especialmente cuando tenemos trabajadores y la tecnología para producir localmente los mejores vehículos del futuro. GM necesita reafirmar su compromiso con las familias trabajadoras estadounidenses", afirmó la congresista.
Con información de Reuters y EFE.
