Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El TMEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.
Reuters informó la semana pasada que cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales estatales nunca han sometido su solicitud a votación.
Prieto dijo que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management. Cardone no respondió a una solicitud de comentarios.
"Todo está equivocado", dijo Jesús Mendoza, el líder sindical de SITPME, que representa los trabajadores de Tridonex. "La mayoría de los trabajadores de Tridonex están al 100% con SITPME".
Bajo el "Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida" del TMEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.
Ni la Secretaría del Trabajo mexicana, ni el gobierno estatal de Tamaulipas, donde se ubica Matamoros, respondieron a solicitudes de comentarios. Una portavoz de la Secretaría de Economía de México dijo que respondería cuando reciban la notificación formal.
La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial TMEC. Empresas y activistas estarán muy atentos.
"Esto sienta un precedente", dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el TMEC. "Va a ser una prueba para este nuevo sistema".
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.
Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.
"La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política", dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien promulgó una reforma laboral en 2019, prometió eliminar los contratos de protección de México que, según los críticos, anteponen los intereses de las empresas a los derechos de los trabajadores, lo que también es una prioridad del TMEC.
Sin embargo, la nueva ley se está implementando gradualmente en todo México y los cambios no comenzarán a llegar al estado Tamaulipas, donde se localiza Matamoros, hasta 2022.
La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen's Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.
