El 11 de mayo, la Secretaría del Trabajo mexicana ordenó al sindicato de GM que realizara una nueva votación dentro de los siguientes 30 días. Finalizado el plazo, AFL-CIO, la mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá, dijo que estaba "profundamente preocupada" por las demoras, y los legisladores estadounidenses instaron a General Motors a asegurarse de que cumpliría con los requisitos del T-MEC.
El plazo se retrasó a petición del sindicato para garantizar que no hubiera "impedimentos" logísticos para la participación de la mayoría de los trabajadores, aseguró la Secretaría del Trabajo.
El complejo de General Motors ha atraído la atención de Estados Unidos, después de que el congreso de aquel país recibiera una serie de informes sobre supuestas violaciones a los derechos de los empleados de la fábrica para elegir libremente a sus líderes sindicales.
Los hallazgos llevaron al representante comercial de Estados Unidos (USTR) a realizar la primera solicitud de revisión de posibles violaciones laborales en el marco del nuevo pacto comercial que reemplazó al TLCAN. Las acusaciones escalaron y la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Taia, solicitó a México que examine las presuntas violaciones de derechos laborales durante una votación sobre un contrato sindical en abril en la fábrica.
Uno de los anexos del capítulo 23 del nuevo T-MEC, uno de los más importantes para la administración estadounidense, dicta que el gobierno mexicano debe de garantizar a los trabajadores el derecho de participar en las negociaciones colectivas y elegir de manera libre al sindicato que deseen afiliarse y a los líderes de éste.
Los trabajadores de General Motors en Silao están representados por el sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), una de las organizaciones laborales más grandes y antiguas del país.
Tereso Medina, líder del sindicato Miguel Trujillo López, dijo a Reuters que la solicitud de retrasar la fecha se debe a "un tema de responsabilidad", mientras General Motors lidia con una escasez global de chips que ha forzado algunas pausas en la producción y agregó que su sindicato no perderá la fecha límite del 20 de agosto para la próxima votación, en la que los trabajadores decidirán si mantienen su contrato colectivo actual.
Dichos votos de ratificación son necesarios en virtud de la reforma laboral mexicana de 2019, que sustenta las disposiciones laborales del TMEC, para garantizar que los trabajadores no estén sujetos a contratos que se firmaron a sus espaldas.
Más tarde, en un comunicado, General Motors reiteró que "haría todo lo posible para apoyar el proceso", incluida la cooperación con el gobierno mexicano y permitir que observadores independientes monitoreen la votación. La empresa enfatizó que condena las violaciones a los derechos laborales.
