1. Antecedentes. A través del nuevo T-MEC, Estados Unidos busca que haya un suelo más parejo, tanto en costos como en condiciones laborales, entre los tres países firmantes, y el capítulo 23 del acuerdo apunta en esta dirección. El anexo 23 A pide incluir en la legislación laboral disposiciones que garanticen el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de las empresas.
2. Cambios en la legislación laboral. México realizó una reforma laboral para cumplir con las nuevas reglas dispuestas en el T-MEC. Estas modificaciones entraron en vigor en mayo de 2019 y, desde entonces, los sindicatos cuentan con un periodo de cuatro años para legitimar su contrato colectivo de trabajo existente. Deben demostrar que el sindicato o el líder sindical que los representará por los siguientes dos años fue electo por una mayoría.
3. Avance lento. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ha expuesto que parte de los contratos existentes surgieron bajo la creación de sindicatos “fantasma”, es decir, que ofrecen protección al empleador a cambio de reconocer la titularidad del contrato colectivo, pero que no representan a la mayoría de los trabajadores. Esto ha alentado el proceso de ratificación de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo. Hasta finales del 2020, solo una tercera parte de las plantas armadoras de vehículos habían cumplido con el trámite: cinco de Ford, una de Kia, una de Toyota y una de Honda.
4. Las presuntas irregularidades en el proceso de ratificación en la planta de Silao. En abril, la Secretaría del Trabajo en México suspendió la votación dirigida por el sindicato 'Miguel Trujillo López' en la armadora de Silao por irregularidades en el proceso. De acuerdo con la dependencia oficial, se detectaron boletas destruidas, además de que cuando se le pidió al sindicato entregar los votos emitidos para su análisis éste se negó. La suspensión se dio en el primero de los dos días que se habían destinados al proceso, en el que fueron contabilizados 3,435 votos de los 6,494 trabajadores que debían participar.
5. La planta de Silao. Este es uno de los complejos clave para General Motors en Norteamérica, ya que aquí produce las pickups Chevrolet Silverado y GMC Sierra, dos modelos exitosos en el mercado estadounidense. En 2020, General Motors ensambló 728,768 unidades, de las cuales 337,885 fueron pickups producidas en Silao, según datos de Inegi.
6. El contexto. Los señalamientos hechos a General Motors ocurren a unas semanas de que el sindicato de Estados Unidos, United Auto Workers (UAW), se quejara de la inversión que la automotriz anunció en Coahuila, México, de 1,000 millones de dólares, para impulsar la producción de vehículos eléctricos en su planta de Ramos Arizpe. Esta inversión supone un monto similar al anunciado en años pasados por Kia, BMW y Toyota para construir sus nuevas plantas en México.
7. Las consecuencias. Los congresistas estadounidenses pusieron como fecha límite el 25 de mayo para que General Motors aclare algunas interrogantes relacionadas con el polémico proceso de votación para ratificar tanto el contrato colectivo de trabajo como a sus representantes sindicales. En México, la Secretaría del Trabajo de México recomendó cargos criminales contra actores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en caso de que se comprueben los señalamientos de manipulación del proceso de elección y la destrucción de votos.
8. La respuesta de General Motors. El fabricante estadounidense dijo en un correo electrónico que no consideraba que hubiera involucramiento en las presuntas violaciones ocurridas en el complejo de Silao y que “cooperará con el gobierno de los Estados Unidos y con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México; así como con otras partes, para garantizar la integridad del proceso de votación del contrato colectivo en Silao”. También dijo que contrató a un consultor externo para realizar “una revisión independiente y exhaustiva”.
