La empresa ha quedado bajo control judicial y tiene la obligación de presentar una fianza de 150,000 euros y una garantía bancaria de 200,000 euros.
La justicia francesa abrió una investigación en 2017 en el conocido el escándalo del "dieselgate", que estalló dos años antes en Estados Unidos cuando Volkswagen admitió haber utilizado "dispositivos de desactivación" para engañar en las pruebas de emisiones en 11 millones de motores diésel.
En concreto, esos dispositivos detectaban el protocolo de pruebas y en ese caso los motores trabajaban a un ritmo que permitía limitar las emisiones de partículas y respetar las normas de contaminación en vigor.
Sin embargo, en condiciones normales de circulación, las emisiones se disparaban y superaban muy ampliamente los umbrales permitidos en los test de certificación. Volkswagen fue sujeto a sanciones en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
En 2016, la oficina antifraude francesa señaló directamente a Carlos Ghosn, ex presidente de Nissan y Renault, diciendo que "toda la cadena de mando" de Renault estaba implicada en el asunto y que el engaño formaba parte de la "estrategia de la empresa".
Pero Ghosn, que dirigió Renault de 2005 a 2019, negó que la empresa falseara las lecturas de emisiones. "De ninguna manera escatimamos en el respeto a las normas (medioambientales)", dijo a los investigadores el dirigente, de origen brasileño, y que también tiene la nacionalidad francesa y libanesa.
En su investigación, la justicia francesa trabaja sobre la base de análisis de automóviles de diversos fabricantes realizados por los servicios antifraude.
En caso de que los fabricantes se sienten en el banquillo y sean declarados culpables, podrían pagar multas multimillonarias, así como hacerle frente a las reclamaciones de indemnizaciones por parte de cientos de miles de propietarios de los modelos bajo sospecha.
Con información de EFE y AFP
