El abogado principal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) defendió que la reforma eléctrica impulsada desde presidencia no viola ninguno de los tratados comerciales del país, incluido el Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).
“La propuesta constitucional se inscribe perfectamente en los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el contexto de los tratados de libre comercio”, dijo el miércoles por la tarde el abogado general de la estatal, Raúl Jiménez Vázquez, en un mensaje a medios previo a una reunión que sostuvieron los titulares jurídicos de dependencias federales, para acordar la estrategia que permita impulsar la iniciativa presidencial y que se llevó a cabo a puerta cerrada.
El mensaje se ha dado en medio de reclamos por parte de organismos empresariales, congresistas mexicanos y extranjeros y en vísperas de celebrarse la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) en Washington, entre los tres países que firmaron el acuerdo comercial.
El abogado de la CFE argumentó que la iniciativa presidencial no contraviene lo estipulado en los capítulos 8, 14 y 27, que contienen lo relativo a energía, inversión y competencia económica, respectivamente.
“El capítulo 8, energía, (es un) capítulo fundamental para justificar la acción de cambio constitucional que plantea el Presidente de la República (...). Se dice, sin lugar a margen de a dudas, lo siguiente: Uno, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular los asuntos abordados en este capítulo y dos, ¡ojo! México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna en términos y en la materia de energía”, explicó.
Abogados del sector han explicado que las empresas privadas con un contrato en el mercado podrían abrir procesos de arbitraje internacional en contra del Estado mexicano, argumentando un cambio a las reglas del mercado y, por lo tanto, una pérdida de valor a sus inversiones. Incluso algunas empresas, han dicho fuentes consultadas, ya han comenzado a preparar los procesos en caso de que se apruebe la reforma.
Pero Jiménez Vázquez argumenta que los cambios no constituirán una expropiación indirecta, debido a que los cambios tendrían como fin proteger “objetos legítimos del bienestar público” y combatir malas prácticas ligadas a actos de corrupción. “Cierro mi intervención señalando nada más que en el capítulo 21, de política de competencia, se señala que los estados tienen la obligación, el imperativo jurídico de llevar a cabo el combate a las concentraciones monopólicas, y justamente lo que produjo la reforma energética del 2013 fue un conjunto de monopolios privados violentando las reglas de libre concurrencia y de libre competencia”.
La consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, también afirmó que nada de lo contenido en la iniciativa –que aún no tiene fecha de discusión– contraviene los artículos de la Constitución. “(La reforma) va a ser completamente congruente con los principios que ya están establecidos en nuestra Constitución, porque nosotros, como servidores públicos, tenemos que reivindicar y ejercer nuestra profesión, en beneficio de la protección del interés público y del bien común”, dijo en un mensaje a medios.