La reforma desaparece la figura de empresa productiva del Estado, creada con la legislación de 2013 y bajo la cual operan las estatales CFE y Pemex, para dar paso a que éstas se conviertan en organismos del Estado. Las declaraciones de los principales responsables en materia energética indican que con ello la Comisión Federal de Electricidad adquiriría un papel principal en el diseño de la política eléctrica, incluso por encima del que tiene la Secretaría de Energía, pero hasta ahora no se han detallado las consecuencias que el cambio tendría en el funcionamiento y el papel de la petrolera nacional.
Un estudio de la consultora IPD Latinoamérica asegura que el cambio en la estatal Pemex podría llevar a que la compañía reduzca la transparencia de sus decisiones, elimine a su consejo de administración o a los consejeros independientes, e incluso a que la Secretaría de Hacienda se haga cargo de manera formal de la deuda de la petrolera.
“Hacer de Pemex una entidad pública podría allanar el camino para que todos sus activos y pasivos sean absorbidos por el gobierno. [El cambio] es consistente con el repetido discurso de AMLO de que la deuda de Pemex es deuda soberana”, dice el documento. “Es probable que el retorno a una designación legal como entidad pública y la serie de cambios en el derecho secundario que lógicamente podrían resultar infrinjan rápidamente los pactos sobre tenedores de bonos y los reglamentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluidos los Sarbanes-Ley Oxley (una ley federal estadounidense) que cubre ampliamente los requisitos de divulgación y auditoría”.
Aunque a diferencia del mercado eléctrico, la legislación no elimina el régimen de libre competencia del mercado de hidrocarburos, los analistas también ubican como un riesgo latente el papel que podría adquirir la compañía en la planeación de la política energética o la probable modificación a los contratos que ha firmado como empresa independiente del gobierno federal. “Que Pemex ya no tenga carácter de privado y se convierta netamente en una autoridad evidentemente tiene un impacto en aquellos que son sus clientes o sus proveedores”, dice González Romero.
Desde que inició el sexenio las acciones gubernamentales han sido encaminadas a que la petrolera recupere participación de mercado en actividades como la venta al público de gasolinas y de gas licuado de petróleo.
Pero el impacto más importante que prevé la industria está relacionado con que la Secretaría de Energía absorba las labores de los dos reguladores del mercado, la CRE y la CNH. ”La primera preocupación de muchos contratistas de exploración y extracción era si la desaparición de la CNH tendría algún impacto en sus contratos”, explica la abogada.
El mayor riesgo, aseguran las y los entrevistados, es que las decisiones relacionadas con contratos petroleros –como la aprobación de planes o la supervisión de las actividades del mercado– se tomen con base en criterios políticos más que en bases técnicas. “La eliminación [de CNH] cambiaría completamente las reglas del juego. La transparencia sería una de las primeras cosas eliminadas, ya que todas las decisiones serían tomadas por Sener y tendrían el potencial de convertirse en algo totalmente político más que técnico”, dice el documento de IPD.
La eliminación de la CNH también afectaría a la transparencia de información. El regulador publica de manera periódica los datos sobre la producción de las compañías privadas y de Pemex –que muchas veces dista de los datos de la petrolera nacional– y da seguimiento a las inversiones de todos los participantes del mercado.
Y en cuanto al resto del sector de petrolíferos, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía pondría en riesgo la emisión de nuevos permisos para algunos segmentos de la cadena, como los relacionados con la estaciones de venta de combustibles, que han visto una paralización desde el inicio del actual sexenio.
“Se han enfocado en el mercado eléctrico, pero las consecuencias en el upstream, midstream y downstream se han quedado fuera de la discusión”, dice John Padilla, el analista que dirige IPD Latinoamérica.
El parlamento abierto para la discusión de la reforma, que inició el lunes pasado en la Cámara de Diputados, ha omitido incluir los temas relacionados con los cambios en Pemex y la eliminación de los órganos autónomos dentro de las mesas de debate.
