El nuevo decreto, que estará vigente hasta el 20 de julio de 2022, permitirá la regularización de unidades producidas en México, Estados Unidos o Canadá, con cinco años o más de antigüedad, y que circulen en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Michoacán y Nayarit.
Inicialmente el documento establecía que solo modelos con ocho años de antigüedad o más podrían regularizarse, pero el 21 de enero se publicó una fe de erratas y se abrió la puerta a modelos más recientes, de cinco años o más.
“Vemos con preocupación este decreto, porque sienta un precedente y fomenta la importación ilegal de los autos usados”, dijo José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Rosales da un ejemplo: aunque Nuevo León es un estado fronterizo, la presencia de vehículos usados importados de forma ilegal en la zona metropolitana de Monterrey es mínima. Pero este decreto, dice Rosales, ahora abre la posibilidad de que en estos seis meses se importen más unidades.
“No hay un problema, pero estamos dando pie a que sí se vuelva uno. Lo mismo pasa en la capital de Chihuahua”, aseguró el representante de los distribuidores.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores calcula que en algunas ciudades fronterizas los modelos importados de forma ilegal ya representan hasta el 50% de las unidades en circulación.
El nuevo decreto establece que los interesados deberán cubrir una cuota de 2,500 pesos, que ha indignado a los fabricantes de vehículos y a los distribuidores. “Es un trato completamente inequitativo en tanto que se les está exentando del pago de otros impuestos, como IVA o ISAN, que sí tienen que pagar los modelos nuevos o incluso los usados que se importan de forma legal”, dijo Rosales.
También exige que las unidades que se quieran regularizar cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables, que no hayan sido reportados como robados y que no se encuentren relacionados con la comisión de un delito.
Pero Rosales advirtió que el decreto que fomenta su regularización no establece ningún mecanismo para verificar que las unidades cumplan con estos requisitos y que bastará con que los interesados presenten una carta, bajo protesta de decir verdad, de que el vehículo no se encuentra en los supuestos previstos.
La industria ahora pide que haya un marco regulatorio que permita establecer mecanismos para verificar las condiciones físico mecánicas y legales de los vehículos usados que fueron importados de forma ilegal. “Creemos que el agente aduanal debe hacer una consulta en las bases de datos de Estados Unidos, tal como ocurre con los modelos que se internan de forma legal”, concluyó Rosales.
