La Secretaría de Economía fue consultada, pero no ha emitido comentarios.
El artículo de WSJ asegura que la terminal fue expropiada en violación a los compromisos firmados entre Estados Unidos, México y Canadá. Monterra obtuvo un permiso de 30 años en mayo de 2018 para la construcción y operación de la terminal de Tuxpan, tras la apertura del sector.
“Los inversionistas de Monterra aún no están en los tribunales. Solo han notificado a México su “intención de someter reclamaciones a arbitraje” en virtud del T-MEC. El gobierno del presidente López Obrador podría responder a la notificación restaurando los derechos de Monterra para operar sus instalaciones. Pero después de un período de reflexión de 90 días, la empresa puede acudir a un arbitraje ante un tribunal internacional”, dice el artículo del WSJ firmado por Mary Anastasia O’Grady.
La terminal que está en el centro de la disputa fue cerrada de manera temporal a inicios de septiembre pasado porque los operadores de esta supuestamente no tenían la documentación necesaria que les fue requerida durante una auditoría, informó en su momento la agencia Argus. Pero a seis meses de la clausura temporal, el activo continúa fuera de operación.
"México no estaba interesado en la legalidad del producto almacenado en la Terminal de Almacenamiento; su único objetivo era cerrar la terminal de almacenamiento para promover las políticas proteccionistas de México", dice la notificación de disputa vista por el WSJ. La empresa acusa una serie de inspecciones simuladas en sus instalaciones.
Desde el año pasado, la administración federal implementó una serie de operativos en terminales de almacenamiento y puntos de internación de combustible ante las sospechas de importación de gasolinas y otros combustibles bajo otras fracciones arancelarias. El gobierno mexicano también ha endurecido las reglas para el comercio exterior de combustibles. Apenas hace unos días retomó un acuerdo para disminuir la vigencia de nuevos permisos de importación y exportación y anteriormente también canceló una serie de autorizaciones.
En el texto, el diario crítica la política energética del presidente López Obrador y asegura que “cualquier acuerdo financiero que México pueda verse obligado a pagar es probable que empequeñezca el daño causado a la reputación del país como destino de capital”.
México ya ha recibido otras notificaciones de arbitraje durante el sexenio. Hace unos meses, la estadounidense Talos hizo lo propio respecto al campo Zama, cuya operación fue cedida a la estatal Pemex.
