Una fuente cercana al proceso ha explicado que las visitas han derivado de una serie de denuncias anónimas que han alertado sobre el uso indebido de las instalaciones.
“(Los importadores) están siendo parte de un escrutinio bárbaro, desde luego aquellos que tienen una cadena de comercialización documentada por supuesto que no tienen problemas, pero se han enfocado en aquellos que no pueden cumplir con ello y en donde es más sencillo detectar irregularidades”, dice un abogado del sector que está relacionado con algunos de los casos, pero que ha pedido no ser citado por la confidencialidad de los casos. “No todos pueden acreditar toda la cadena de valor de sus importaciones y es de ahí de donde se está agarrando la autoridad.”
El lunes pasado, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer una lista de más de 80 compañías que han sido suspendidas del padrón de importadores por no cumplir con una serie de requisitos, sin que se dieran a conocer más detalles.
Fuentes consultadas por Expansión han explicado que algunas de las empresas ahí mencionadas fueron suspendidas por no poder acreditar algunos procedimientos relacionados con la importación de combustibles, como el origen del producto o por no contar con el certificado de autenticidad y de calidad de las gasolinas.
El SAT y la CRE fueron consultados, pero no emitieron comentarios.
Dentro de las compañías que fueron suspendidas del padrón de importadores también están aquellas que no hicieron uso del registro o no eran propietarias de un permiso de importación otorgado por la Sener. “El motivo de esta suspensión se debe a la no utilización de dicho registro, habiendo asegurado el abasto de nuestra red de estaciones y nuestras terminales mediante acuerdos de compra e importación con otras compañías. Repsol cumple de forma fiel y respetuosa todas las obligaciones legales, fiscales y de mercado en México”, ha dicho un portavoz de la compañía española.
Las últimas visitas, en las que incluso han participado elementos de la Guardia Nacional, se suman a una serie de reglas más rígidas que han comenzado a ser instauradas por el gobierno federal.
Hace unas semanas el gobierno federal publicó una serie de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, que, entre otras cosas, limita la participación de compañías privadas en la internación de hidrocarburos, petrolíferos y biocombustibles en lugares distintos a los autorizados, como aduanas o recintos fiscalizados.
Conforme a las nuevas reglas, solo las dos empresas estatales –Pemex y CFE– y todas sus subsidiarias podrán ser autorizadas para internar estas mercancías a través de estos sitios, que son utilizados cuando las mercancías no pueden entrar al país por su naturaleza o volumen y que involucra una menor vigilancia de lo importado.
“Lo que están haciendo es limitar la importación de combustibles a donde haya agentes aduanales que puedan verificar realmente el origen del combustible. Lo que quieren es restringir la importación a solo unos puntos en donde se pueda verificar lo que está pasando y tenga control la autoridad”, dice una fuente al interior de la estatal Pemex.
La administración federal ha identificado la importación ilegal de combustibles como una de las actividades que pretende sancionar. “El contrabando de combustibles representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos”, argumenta el gobierno en la reforma a la Ley de Hidrocarburos, actualmente detenida por jueces en competencia.
De acuerdo con información oficial, la hacienda pública pierde anualmente 12,000 millones de pesos en ingresos tributarios derivados del impago de los impuestos relacionados con la actividad.
