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Los recursos naturales son propiedad de la Nación: ¿a quién deben beneficiar?

La reforma de 2013 dio a la CFE la obligación de participar como una compañía más en el mercado eléctrico, ahora la reforma busca regresarle autonomía presupuestaría y administrativa.
jue 24 febrero 2022 05:01 AM
Encuentro Expansión
De izq. a der. Valeria Vázquez, socia líder Energía de Deloitte Legal; Carlos Guerrero, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM; Montserrat Ramiro, ex comisionada de la CRE.

La nueva reforma eléctrica ya genera acalorados debates en el Parlamento Abierto, que inició el lunes 17 de enero y concluirá el miércoles 8 de febrero del 2022. En este espacio, que convoca a diversos actores del sector energético, se han enfrentado posturas, que se han ido acomodando en lo que ya parecen ser dos polos opuestos: por un lado están aquellos que a favor de revertir la reforma de 2013, dar más protagonismo a CFE y cambiar la dinámica que tiene con el sector privado. Por el otro, están quienes ven en el proyecto una estocada final a la transparencia en el sector y una puerta abierta para que la empresa nacional entregue contratos con total discrecionalidad, en detrimento de la eficiencia en la generación de electricidad.

La reforma de 2013 dio a la CFE la obligación de participar como una compañía más en el mercado eléctrico –excepto en la distribución y transporte en donde continua con el monopolio– al convertirla en una empresa productiva del Estado. Pero ahora los cambios propuestos por el Ejecutivo busca dar a la compañía la etiqueta de organismo del Estado, con autonomía presupuestaría y administrativa, con la facultad de convertirse en el único encargado de garantizar la generación eléctrica y de planear el Sistema Eléctrico Nacional.

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En medio de esta discusión hay millones de usuarios, tanto domésticos como grandes industrias intensivas en su consumo de electricidad, que a decir de los especialistas que participaron en el “Encuentro Expansión: la Reforma Eléctrica a revisión”, tienen el derecho de tener acceso a electricidad a un precio justo. “Está plasmado en el artículo 27 de la Constitución, que establece que los recursos naturales, incluidos los del subsuelo, son propiedad de la Nación”, dice Valeria Vázquez, socia líder de la Industria Energía de Deloitte Legal, quien participó en el encuentro.

“Pero aún hay muchos lugares en donde (no hay electricidad y) la CFE te dice que pongas tu propio generador”, dice Carlos Guerrero, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM.

En este contexto, Montserrat Ramiro, ex comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) opina que “el debate de fondo no debería ser que la industria pague mucho, sino que todos paguemos menos y tengamos acceso”. Para la especialista, la respuesta está en las energías renovables, cuyo costo de generación es mucho más bajo que el que se tiene cuando se usa combustóleo, uno de los productos derivados de la refinación.

Datos de la CRE muestran que las centrales que funcionan a base de combustibles fósiles tienen un costo de producción de hasta 1,920 pesos por megawatt-hora, mientras que aquellas de generación renovable, como la geotermia, solar y eólica, cuyo costo de producción es de 234 pesos por megawatt-hora.

Aunque la CFE también genera energía mediante plantas renovables, su costo es muy superior al ofrecido por las centrales privadas. Los precios registrados por la CRE muestran que la compañía nacional produce electricidad solar a un costo 4.7 veces mayor al ofrecido en las subastas eléctricas. Lo mismo sucede con la electricidad producida en centrales eólicas, cuyo costo es dos veces superior.

La administración federal ha intentado modificar las reglas de despacho, a través de las cuales se decide la energía de qué centrales se sube primero al sistema eléctrico, con la finalidad de aumentar la participación de la CFE en el mercado de generación.

Hasta ahora, la electricidad que se utiliza primero es la que tiene costos de generación más bajos, es decir, la proveniente de las subastas y de algunos generadores privados. Pero la reforma eléctrica, que sus impulsores buscarán discutir y votar en abril de 2022, propone que el orden sea cambiado y se utilice primero la generada en las centrales hidroeléctricas y el resto de la CFE, sin importar que la mayoría utilice combustibles altamente contaminantes –como el combustóleo y carbón– y después se use la generada en las centrales privadas.

El que la reforma eléctrica priorice el uso de combustibles fósiles ha encendido las alertas en el sector empresarial. En agosto de 2021, y de manera sorpresiva, el CEO de General Motors en México, Francisco Garza, dijo que el país debía establecer un marco estructural para las energías renovables, pues de lo contrario México dejaría de ser un destino para la inversión.

“Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero (emisiones de carbono), y desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión", advirtió el directivo durante la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Para Vázquez, esta preocupación tiene un origen genuino: “La electricidad es un insumo fundamental, es lo que mueve a un país. Una casa, una oficina, una fábrica dependen de que haya disponibilidad de electricidad y a costos competitivos”.

Con información de Diana Nava

 
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