La entrada de Altán Redes a concurso mercantil por falta de liquidez y una deuda de 17,000 millones de pesos a sus 70 acreedores, provocaría que la empresa deba replantear su modelo operativo y de negocio de la Red Compartida.
Al cierre de 2021, la compañía presidida por Salvador Álvarez llevó conectividad a un total de cinco millones de mexicanos, y aunque el avance es significativo, la cifra está por debajo del objetivo planteado, pues el plan de negocios de la empresa proyectaba para ese año conectar a 19 millones de usuarios en la Red Compartida.
Este estancamiento en la meta de conectividad se debe a lo complejo y costoso que representa desplegar infraestructura y dar servicios de internet a zonas de hasta 5,000 habitantes. Por ello, la compañía ya se vio obligada a modificar su hito de cobertura de 92.2% de la población en 2024 a 2028, cuya aprobación depende del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien aún no da respuesta a Altán Redes y quien no emitió respuesta a Expansión al respecto.
Los expertos consideran que la situación por la que atraviesa la compañía no sólo requiere de una reestructura financiera, sino también replantearse el proyecto de conectividad que desde su creación sólo le permite ofertar servicios mayoristas, es decir, a empresas de telecomunicaciones, lo cual frena el fortalecimiento de sus finanzas y el aumento de cobertura.
“El problema de Altán Redes no es financiero, sino económico, quiere decir que no tiene el dinero para desplegar y operar la red, pagar los salarios y operar los servicios. Los inversionistas probablemente encuentren más vías (para el modelo de negocio de Altán) y el gobierno debería estar abierto a explorar otras posibilidades distintas al actual modelo de negocio del propio contrato para que tenga el proyecto la posibilidad de tener éxito en alguna medida”, explica Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
