Un próximo movimiento de la Corte podría cambiar el rumbo de la política energética. La Suprema Corte se perfila a votar durante la próxima semana un proyecto de la ministra Loretta Ortiz que plantea declarar como válida la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, un cambio que antecede a la reforma constitucional enviada por el presidente y cuyo rumbo para su votación ya ha iniciado en el Congreso.
El proyecto de Ortiz Ahlf, una de las fundadores del partido del presidente y la cuarta magistrada nombrada durante el sexenio, propone revivir los cambios impulsados desde presidencia para favorecer a la estatal CFE antes de apostar por la iniciativa constitucional, pero que fueron detenidos por jueces especializados en competencia después de que compañías privadas y organizaciones civiles interpusieron amparos.
El proyecto echaría atrás tres recursos interpuestos ante la Corte: una acción de inconstitucionalidad interpuesta por legisladores de oposición y dos controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia y el estado de Colima. La aprobación de éste daría vía libre al gobierno federal para echar a andar algunos cambios, como priorizar las centrales de la CFE en el orden de despacho de energía eléctrica y revisar los contratos de las compañías privadas para garantizar que estos sean de beneficio para el Estado.
Ambas premisas forman parte de los puntos más álgidos y claves de la reforma constitucional. La aprobación del proyecto, dicen los analistas, sería un determinante en los siguientes pasos a tomar rumbo a la votación de la iniciativa Constitucional en el Congreso, planteada para la segunda semana de abril, tan solo unos días después de la consulta de revocación de mandato. “En este momento el gran riesgo es lo que diga la Corte, porque a través de la Corte el gobierno podrá seguir su política de estrangulamiento del sector energético”, dice Luis Carlos Ugalde, el director de Integralia Consultores.
El presidente López Obrador tiene en la Corte a algunos colaboradores cercanos, como Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, pero el camino para la aprobación del proyecto requiere que ocho de los 11 magistrados estén a favor del documento y los analistas no se atreven a dar una prospectiva de la votación.
