¿Cuáles son los cambios que contiene el proyecto de dictamen?
En el documento se ha adherido un inciso para establecer el derecho al “acceso suficiente al suministro” de energía eléctrica mediante “una tarifa social justa”, como parte de una propuesta que ha hecho el PRD. Esta fracción parlamentaria, al igual que el PAN y el PRI, se ha perfilado para votar en contra del documento, de acuerdo con sus propias declaraciones.
Este cambio ya había sido anunciado, al igual que el resto contenido en el documento. En la iniciativa también se ha colocado un inciso que reconoce la existencia de los contratos de generación distribuida por hasta 0.5 megawatts. Esta figura permite la producción eléctrica a pequeña escala en los sitios de consumo. Este punto causó mucho ruido tras el envío de la iniciativa desde presidencia, pues la redacción de la misma abría la posibilidad de que este tipo de figuras ya no pudiese ser utilizada y los contratos fueran cancelados, como el resto propiedad de las empresas privadas.
En el documento que circula en el Congreso también se ha adherido un inciso sobre la incidencia social en la generación eléctrica. El artículo menciona que los ayuntamientos y organizaciones sin fines de lucro podrán tener contratos de autoconsumo por hasta 1 megawatt “cumpliendo los requisitos que establezca la CFE”. De esto último no se dan más detalles.
La iniciativa continúa aseverando que todos los contratos privados y las solicitudes en curso serán canceladas una vez que entre en vigor la reforma. Pero los legisladores han buscado hacer un poco más claro este inciso y han adherido algunas de las declaraciones hechas previamente por funcionarios de la estatal. El documento ahora asegura que la generación que proviene de centrales de autoabasto con permisos “otorgados en contravención a lo establecido en la ley” y la generación “derivada de permisos sobrepuestos al permiso original” de las centrales de los Productores Independientes de Energía no será adquirida por la empresa a cargo de Manuel Bartlett.
Mientras que el resto proveniente de las centrales resultantes de las subastas de largo plazo, las plantas de autoabasto que consideran que operan dentro la conveniencia del Estado y los autoabastos que han definido “auténticos” continuarán produciendo electricidad que sería comprada por la estatal CFE a través del Centro Nacional de Energía –que también perdería su independencia–.
“La CFE celebrará contratos de cobertura financiera bilateral de largo plazo, para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado”, dice el documento.
¿Qué quedó igual?
Los puntos más álgidos no han sufrido ningún cambio. Los legisladores han dejado intactos los incisos referentes a la participación de mercado que tendrá la CFE y las compañías privadas –de por lo menos hasta el 54% y hasta el 46%, respectivamente–, sobre el fin a la estructura que adquirió la compañía tras la reforma de 2013 y sobre la figura de la estatal como tomador de decisiones en la política energética. Esto último le da la facultad de ser el único ente responsable de la generación eléctrica, el establecimiento de tarifas y de pagos por parte de los privados y del diseño del sistema eléctrico.
La bancada de Morena había abierto la puerta para realizar algunos cambios con la finalidad de negociar con sus contrapartes la votación a favor del documento. El partido del presidente necesita de 57 votos en la Cámara baja para que el documento sea turnado al Senado. El calendario de la bancada morenista parece apresurado, después de que la iniciativa estuvo paralizada por alrededor de seis meses de que fue enviada.
La intención es que el documento sea votado la siguiente semana, antes de los días feriados. La finalidad es que llegue al Senado antes del término del actual periodo legislativo, del 30 de abril próximo. Pero los analistas avizoran ya una difícil votación con pocas posibilidades de que el documento pase sin contratiempos en San Lázaro.
