“Cuando se reforma la constitución para crear al IFT también se le otorgan algunos mecanismos como la controversia constitucional para defender su autonomía. Y si sus facultades están en juego, a mí me parece que esos comisionados están obligados por lo menos a discutirlo, y si no lo hicieron en la gestión de Cuevas me parece que fue por la falta de interés ante la defensa institucional. Por eso yo creo que sí cambian las condiciones a partir de la llegada de Juárez y es probable que sí se haga (la controversia constitucional)”, aseveró el presidente de Observatel.
Expansión buscó al Instituto Federal de Telecomunicaciones pero no emitió postura a la publicación de este texto.
El IFT ha tenido recortes presupuestarios en los últimos tres años. De 2018 a 2021, pasó de 1,998 millones de pesos a 1,510 millones de pesos, lo que representó una caída de 24.4%. La disminución en su gasto anual llevó al órgano regulador a plantear la cancelación o aplazamiento de proyectos en 2020 para ajustarse a lo que le fue asignado.
Además de una reducción presupuestaria, el órgano regulador enfrenta una crisis de recursos humanos que incluso lo ha llevado a modificar su estatuto interno para operar con sólo cuatro comisionados.
Para Jorge Moreno Loza, abogado de telecomunicaciones y titular del despacho Expanzione, la falta de comisionados ya está pasando factura al IFT al no permitirle atender otros temas. Actualmente, señala el experto, se ha centrado en regular y supervisar a los operadores del sector, pero ha olvidado temas como el desarrollo de infraestructura o las políticas para el cierre de la brecha digital.
“Al final de cuentas aquí hay un tema real: aunque el IFT es la autoridad independiente para regular el sector de las telecomunicaciones, la política pública y materia digital y de telecomunicaciones sigue siendo principalmente de la SICT y por ende depende del Ejecutivo”, comentó Loza.
La importancia de abrir el diálogo
Además de una controversia constitucional, los especialistas señalan la importancia de un diálogo entre el IFT y el gobierno, porque el debilitamiento del regulador no sólo afecta su funcionamiento sino también las sinergias con las dependencias de gobierno como la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT) para lograr una política pública encaminada al cierre de la brecha digital.
Esta situación ya es visible. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el IFT y SICT no cuentan con una coordinación para avanzar en la estrategia de cobertura de conectividad para todo el país, a través de la instalación de internet inalámbrico.
La SICT asegura que el Instituto no ha proporcionado los programas de cobertura social que concertó con los prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para cuantificar el avance de los programas de cobertura social en 2020.
“El IFT debe acercarse al ejecutivo de una forma distinta porque hacia fuera se nota una total desconexión entre el ejecutivo y el Instituto, creo que si lo queremos es abonar y crecer debe haber una mesa de diálogo”, expresó.
