Pocas empresas importantes fueron tan contundentes en su condena de la decisión de la Corte Suprema.
Algunas compañías se han comprometido a garantizar que sus empleadas, dondequiera que trabajen, puedan acceder a un aborto, reembolsándoles los gastos de viaje a un estado donde el procedimiento médico sea legal.
Algunas empresas, como Yelp y Airbnb, ya habían dado el paso en septiembre tras la entrada en vigor de una ley en Texas que prohíbe todos los abortos desde el momento en que el latido del feto es visible en una ecografía.
Poco a poco, otros como Citigroup, Tesla o Amazon, cambiaron la cobertura sanitaria ofrecida a sus empleados.
Otra oleada, que incluía a Starbucks, Levi Strauss y JPMorgan Chase, lo hizo después de una filtración de prensa a principios de mayo en la que se anunciaba la posible marcha atrás de la Corte Suprema en la cuestión del aborto.
Algunos se unieron a ellos el viernes, como Disney, que envió un memorando a sus empleados asegurando que la empresa se comprometía a proporcionar acceso a una atención de calidad "sin importar dónde vivan", según la CNBC.
La otra cara
Muchas empresas han permanecido en silencio. Esto no quiere decir que no ofrezcan los mismos beneficios en sus seguros de salud.
Pero hablar públicamente es un arma de doble filo, señala Maurice Schweitzer, profesor de la Universidad de Wharton, en Pensilvania.
"Por un lado, quieren implicarse, dar ejemplo, porque es importante para sus empleados, especialmente en el sector tecnológico", dice.
Sobre la inmigración, los derechos LBGTQ, las armas, el racismo... varios grandes jefes han decidido pronunciarse públicamente.
Pero en cuanto al aborto, "el panorama legal va a cambiar", dice Schweitzer.
Lyft, por ejemplo, se ha comprometido a pagar los gastos legales de los conductores que sean llevados a juicio por transportar a una mujer a otro estado para abortar.
También puede tener consecuencias legales que las empresas cambien su cobertura sanitaria.
Los jefes también tienen en cuenta el reciente revés de Disney en Florida.
Inicialmente había decidido no posicionarse en contra de una ley que prohibe la enseñanza de temas relacionados con la orientación sexual o la identidad de género en las escuelas primarias.
A instancias de los empleados, el jefe Bob Chapek acabó convirtiéndose en un crítico abierto de la ley, lo que provocó la ira del gobernador conservador Ron DeSantis y llevó a la eliminación de un estatus administrativo favorable del que Disney World había disfrutado en el estado desde la década de 1960.
Al final, según Schweitzer, el caso "frustró a los empleados, que culparon a la empresa por no haber hablado antes" y "costó dinero por la reacción de los políticos".
