El presidente López Obrador anunció el tope a precios en julio del año pasado, en conjunto con la creación de Gas Bienestar, después de reconocer que no había cumplido su promesa de mantener los precios del gas licuado de petróleo por debajo de la inflación, uno de sus principales compromisos de campaña.
La medida se planteó de manera inicial por seis meses y en enero pasado se autorizó una prorroga por un periodo similar, con vigencia hasta julio próximo.
El gobierno federal recurrió a establecer precios máximos debido al aumento en el precio del gas LP, determinado en gran parte por el precio internacional de la molécula que, como el resto de los energéticos, ha experimentado fuertes sacudidas en su cotización.
El regulador ha argumentado en el documento que desde la puesta en marcha de la medida –a inicios de agosto del año pasado–, las familias consumidoras del combustible han ahorrado alrededor de 897 pesos, al comparar el monto gastado si el precio no hubiese sido intervenido y que la medida ha disminuido las presiones inflacionarias.
"La Comisión estima que, sin una regulación de precios máximos, el precio promedio al usuario final de gas LP podría haber llegado hasta los 35.36 pesos por kilo, con una diferencia aproximada de 11 pesos respecto al precio regulado", dice el regulador en el documento.
El precio del gas LP comenzó con una tendencia al alza en febrero del año pasado, antes de que el resto de los energéticos, como el petróleo o las gasolinas, vieran un gran despunte. Esto como consecuencia de un efecto tardío en la ralentización de la producción estadounidense de gas debido a la baja demanda durante la pandemia y un aumento considerable en la demanda industrial del continente asiático. Ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania ha exacerbado el precio por un aumento del consumo europeo desde otras partes del mundo –principalmente desde Estados Unidos– debido a las prohibiciones de importaciones rusas.
