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El gobierno federal extiende por seis meses más el tope a precios de gas LP

La política, que se anunció como una medida de emergencia, finalizaría a inicios de este año. Pero la Secretaría de Energía ha decidido extenderla hasta julio.
lun 24 enero 2022 10:33 AM
Venta de gas LP
La política de precios máximos ha generado desacuerdo entre los sectores que se dedican a su venta.

La Secretaría de Energía extenderá por seis meses más la política de precios máximos a la venta del gas licuado de petróleo (gas LP), de acuerdo con un anuncio publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El gobierno federal instauró el tope a precios a finales de julio pasado, para ser puesta en marcha hasta el primer mes de este año. Con esta prórroga, la política tendrá vigencia hasta julio próximo.

La política de precios máximos se instauró como una medida de emergencia ante el aumento constante del precio internacional del propano –el principal compuesto del gas LP–, que a su vez se derivó de la dinámica económica generada por la emergencia sanitaria por la Covid-19.

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La Secretaría de Energía asegura que ha decidido continuar con la mecánica de precios máximos porque aún "prevalecen condiciones económicas en la estructura de los participantes del mercado de gas LP que representan una amenaza a las condiciones de bienestar del consumidor", dice en el DOF.

Tras la liberación de los precios del combustible en 2017, esta política es la primera intervención federal para fijar topes máximos a la venta de este insumo. La medida se anunció después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador admitiera que con el gas LP no había logrado cumplir su compromiso de no subir el precio por encima de la inflación y a la par del anuncio de la creación de Gas Bienestar, con la finalidad aumentar la competencia en el mercado.

La legislación actual contenida en la Ley de Hidrocarburos sostiene que este combustible no está sujeto a regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía, el organismo encargado de este mercado, a menos de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) haya demostrado previamente que no existen condiciones óptimas para su venta.

En diciembre pasado, la Cofece publicó un estudio preeliminar con el que abrió la puerta a que la CRE interviniera en las contraprestaciones y tarifas de quienes participan en la venta de este combustible, que es utilizado en el 70% de los hogares mexicanos.

La Cofece dijo en ese documento que 213 de los 222 mercados de gas LP en los que está dividido el país no operan en condiciones de competencia y tienen barreras de entrada para nuevos participantes. También concluyó que de 2016 a 2021 los distribuidores aumentaron en 145% su margen de ganancia bruto.

Pero este documento aún está en revisión y aún no puede ser tomado en cuenta como una declaratoria de ausencia de condiciones en el mercado que justifique la intervención de la Comisión Reguladora de Energía en el precio del gas LP. La ampliación de la política estaría diseñada para dar el tiempo necesario a que la Cofece publique la versión final del estudio, declare la falta de competencia en el mercado y entonces el regulador tenga la facultad de incidir en el precio, sin la necesidad de la intermediación de la Secretaría de Energía.

Pese a la mecánica adoptada por el gobierno federal, el precio de venta del combustible aún registra variables de manera continua, pues su precio final depende de las variaciones en la cotización internacional de la molécula.

Los picos en el precio de venta al público se han dado justo en el momento en que aumenta la cotización en la venta del propano, de acuerdo con una revisión hecha por Expansión.

La política de tope a precios ha causado distintas protestas y desacuerdos entre los participantes del mercado de venta del gas, principalmente de los comisionistas, quienes están en la última parte de la cadena de comercialización y cobran una comisión por la venta del combustible.

La Unión de Gaseros del Valle de México, quienes han liderado las protestas y los paros en contra de la medida, ha asegurado que aún no tiene una estrategia diseñada para enfrentar la extensión de la medida. "Se solicita siempre que tengamos un margen operativo y en esa línea vamos a continuar apoyando un proyecto de nación, pero también buscando tener un margen operativo", dice Adrián Rodríguez, el representante del organismo.

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