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EU activa arma del T-MEC en desacuerdo con la política energética de México

La administración estadounidense recurrió a las consultas, uno de los mecanismos estipulados en el T-MEC y un paso previo antes de establecer un panel de solución de controversias.
mié 20 julio 2022 05:58 AM
Estados Unidos solicita consultas por la política energética de México bajo el T-MEC (AMLO y Joe Biden)
El presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en una reunión en la Casa Blanca.

Las advertencias han comenzado a cumplirse. Estados Unidos ha activado una de las armas de solución de controversias contenidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en desacuerdo con la política energética implementada por el presidente López Obrador y cuyo fin principal ha sido poner en el centro a las dos compañías estatales que perdieron poder de mercado con la reforma de 2013.

El gobierno estadounidense, a través de su Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), habría enviado al gobierno mexicano un documento para solicitar la realización de consultas en torno a la política energética mexicana, según fuentes y la agencia Reuters. Las consultas son un mecanismo contenido en el acuerdo comercial, y uno de los pasos previos al establecimiento de un panel de solución de controversias. "Hemos tratado de trabajar constructivamente con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, desafortunadamente, las empresas de Estados Unidos continúan enfrentando un trato injusto en México", se lee en el borrador del documento que anuncia la medida.

Las partes tendrían 30 días para comenzar con el proceso de consultas y todas las discusiones se llevarían a cabo de manera confidencial. De no llegar a un acuerdo sobre las disconformidades, una de las partes podrá solicitar el establecimiento de un panel, según el documento que contiene los lineamientos del tratado comercial. La oficina estadounidense y la Secretaría de Economía fueron consultadas, pero no respondieron a una solicitud de comentarios.

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El anuncio se da solo una semana después de que los presidentes de ambos países se reunieron en Washington y de que se informaron –aún sin detalles– inversiones del sector privado estadounidense por aproximadamente 40,000 millones de dólares en el mercado energético mexicano, principalmente en asociación con la estatal Pemex y un mes después de que el presidente López Obrador anunció alianzas para aumentar la capacidad de generación eléctrica en el país también de la mano de empresas de Estados Unidos.

El capítulo de solución de controversias del T-MEC establece que una tercera parte –en este caso Canadá– podría sumarse a las consultas, de así creerlo necesario. El documento también asienta que de no llegar a un acuerdo, una de las partes podría pedir la reunión de una Comisión, que tratará de resolver la controversia antes de la instalación de un panel, conformado por especialistas en temas de disputa, derecho y comercio internacional.

Las inconformidades de las empresas estadounidenses no son nuevas. Desde los primeros cambios en el mercado eléctrico y petrolero, congresistas, compañías y organizaciones gremiales estadounidenses han enviado misivas de manera recurrente a la administración del presidente Joe Biden, en las que pedían un pronunciamiento público del gobierno demócrata. “La información pública indica que el presidente López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema como indiferencia o aprobación tácita de la decisión de su gobierno sobre priorizar el desarrollo de fuentes fósiles por encima de la energía renovable”, se lee en una carta de enero pasado. Pero hasta ahora no había existido un pronunciamiento público desde la primera línea del gobierno de Estados Unidos, ni indicios de la aplicación de alguna de las medidas o mecanismos de resolución contenidos en el acuerdo comercial.

El gobierno mexicano ya tiene en curso un par de procedimientos legales con empresas privadas. Las estadounidenses Talos y Monterra han enviado al gobierno mexicano notificaciones de disputa en relación con el yacimiento Zama y con el cierre de una terminal de almacenamiento en Tuxpan, respectivamente. Hasta ahora ninguna de las dos compañías han iniciado un proceso de arbitraje, pues se mantienen en negociaciones con la administración federal.

En el borrador del anuncio, el gobierno estadounidense asegura que las políticas puestas en marcha durante el sexenio “afectan los intereses económicos de Estados Unidos” y que “han cortado en gran medida la inversión de Estados Unidos” principalmente en el mercado de generación renovable. “Los cambios de política de México amenazan con empujar la innovación del sector privado fuera del mercado energético mexicano”, dice.

En las misivas previas, las compañías y los congresistas estadounidenses acusaban de un favoritismo hacia las compañías estatales Pemex y CFE, un retraso en los permisos para nuevas inversiones y la priorización del desarrollo de fuentes fósiles por encima de la energía renovable.

Los cambios en la política energética mexicana comenzaron durante las primeras semanas del sexenio con la cancelación de proyectos eléctricos y de las licitaciones petroleras. El punto más álgido se alcanzó con la presentación de la reforma constitucional energética, que no alcanzó la mayoría en el Congreso en abril pasado.

 

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