Se trata del mismo caso en el que también es mencionado el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández , exgobernador de Tabasco y hoy abiertamente interesado en la presidencia, por presuntamente prestar protección a los grupos.
Los documentos revelan sobornos de los grupos delincuenciales –aparentemente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación– de hasta 200,000 pesos para permitir el libre tránsito de los vehículos que van del sur hacia el centro y norte del país cargados de combustible robado y por un servicio de vigilancia en los puntos de obtención del combustible. “Proporcionan seguridad en el lugar de extracción y escoltan los vehículos con combustible robado”, se lee en uno de los documentos en referencia a elementos de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Tabasco. El grupo, identificado en los archivos como un grupo independiente de tráfico de hidrocarburos, compra gasolina robada de la compañía estatal en precios que van desde los dos a los cuatro pesos para después revenderla en 17 pesos. El seguimiento incluye detalles –como nombres, apodos y fotografías– de los integrantes de la red que darían los sobornos, pero de la identidad de las autoridades poco se menciona.
Como ejemplo, del seguimiento a comunicaciones interceptadas, se detalla el pago de 200,000 pesos a un hombre identificado como ‘el comandante Mata’, quien, según los documentos, podría ser un integrante de la Guardia Nacional con posible ubicación en Cosamaloapan, en Veracruz, un depósito de 100,000 pesos a un elemento de la Policía Federal y pagos de 8,000 pesos en algunas de las casetas de cobro por las que transitan los vehículos, como la ubicada en Totomoxtle, en Papantla y Acayucan, en el Istmo de Tehuantepec, también en Veracruz. Esta misma acción, pero con distintas ubicaciones, se repetiría por parte de los grupos dedicados al tráfico de personas desde el sur del país o a la venta ilegal de madera.
En el mismo seguimiento se detalla el pago a pobladores de los sitios en donde se extraen o guardan los hidrocarburos para “mantenerlos controlados”. En estas ubicaciones regularmente hay tomas clandestinas, con pipas y excavadoras, en donde se extraen hasta 150,000 barriles diarios, según los documentos.
Tabasco aún se encuentra lejos de los primeros lugares con mayor incidencia en el robo de combustible, una lista liderada por Hidalgo y Puebla. Pero las cifras del Secretariado Ejecutivo, también contenidas en los cientos de archivos filtrados, dan cuenta de un sistema que fomenta la impunidad: Tabasco cuenta con 8,760 elementos entre policía de investigación, estatal y municipal. Esa cifra implica 0.5 policías por cada mil habitantes. “La ubicación de los ductos en una extensa parte de la región y los medios insuficientes para vigilarlos, permite que se realicen tomas clandestinas con el fin de extraer ilícitamente combustible, lo cual ha generado confrontaciones entre los grupos criminales que pretenden tener el control de esa actividad ilícita”, dice uno de los documentos.
El seguimiento también da cuenta de la negociación para la liberación de un integrante de la red identificado como ‘El Bombón’, el líder de una de las células y aprehendido en 2021, por el cual solicitan –los documentos no señalan quién lo hace– un pago de un millón de pesos para su salida y 20,000 semanales “para no ser molestado” tras su liberación. Hasta el seguimiento, que abarca hasta finales de agosto pasado, no se detalla si se concretó o no la acción.
El gobierno federal, según los archivos, ha seguido de manera continúa a grupos delincuenciales que han sumado a sus actividades –de narcotráfico, extorsión, trata de personas– al robo de combustible. En 2019, como una de las primeras acciones de este sexenio, fue ampliado el catálogo de delitos graves, incluyendo al robo de combustible como uno de la lista. Pero los archivos filtrados, calificados ayer como un “rotundo fracaso” por el presidente, ha revelado un avance apenas modesto en la lucha en contra de este delito.
