A partir del padrón de información de ciberdelitos que genere la Agencia, tanto el Ejército como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República podrán acceder a la información de los usuarios, además de eliminar direcciones IP, dominios y sitios de internet de manera discrecional como parte de su monitoreo.
Según el documento, se prevé que la agencia esté lista dentro de 36 meses; es decir, a tres años posteriores a su aprobación. En ese lapso, la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información (CITICSI), creada en enero de este año, asumiría el rol del ente gubernamental. Este organismo actualmente es operado por el titular de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, Carlos Emiliano Calderón, y por la Sedena, entre otras dependencias.
Otras de las medidas presupuestadas que destacan en el documento son la "necesidad de regular la venta de tecnología para la intervención de comunicaciones”, además de la penalización para la producción de contenidos digitales que inciten hostilidad, daños físicos o que "desinformen a la población".
A lo largo de las 54 páginas del proyecto de Ley, no se precisan los mecanismos y tecnologías que requerirán las empresas y las dependencias de gobierno para blindar sus operaciones de ciberataques.
¿Qué implicaciones traería su aprobación?
De acuerdo con Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, el proyecto se desarrolló a partir de las aportaciones de académicos, industria y Asociaciones Civiles.
Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo. Grecia Macías, abogada de la Asociación Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseguró que solo una vez sostuvieron una reunión con el diputado en un foro, y solo se concedían pocos minutos para abordar la temática.
“Ahora vemos el resultado. Se presenta un proyecto de iniciativa mal fundamentada en términos de la ley y con posibles violaciones a los derechos humanos”, lamenta.
Para la especialista la iniciativa de Ley de Ciberseguridad es la profundización de la militarización en el país, pero ahora en el ciberespacio, en un momento en el que se reportan cada vez más casos de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas a periodistas y defensores de derechos humanos.
“El documento valida las prácticas de vigilancia y espionaje que hasta ahora son ilegales y violatorias de derechos humano. El Ejército ha sido uno de los aparatos que ha abusado de las herramientas tecnológicas para espiar a las personas especialmente con las revelaciones de Pegasus”, alerta.
La región Latinoamérica es una de las principales impulsoras de políticas en materia de ciberseguridad y en donde han agregado al Ejército para el combate de los ciberdelitos, pero México podría convertirse en la nación en utilizar a los militares como el principal actor para evitar ciberataques.
