La minería enfrenta un camino incierto tras la reforma

Un cambio tajante y de raíz llegó al sector minero el pasado 8 de mayo. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, la cual mantiene a la expectativa al sector al considerar que aún faltan detalles por aclarar, lo que afecta directamente a la certeza jurídica para la iniciativa privada.

La Cámara Minera de México (Camimex) estimó, antes de que la propuesta llegara al Senado, que su aprobación eliminaría cerca de 4,000 millones de dólares de inversión al año, al convertirse en un freno por implicar diversas modificaciones, entre las que resaltan las más radicales, relacionadas tanto con los periodos de las concesiones como con las labores de exploración, elementales para dicha actividad al involucrar la detección de yacimientos.

El decreto contempla nuevos procedimientos para la obtención de concesiones, así como nuevas causales de cancelación de los contratos y un capítulo específico sobre los nuevos lineamientos en torno a lo que ahora se consideran delitos.

Aún son varios los huecos que quedan entre las líneas del decreto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente, en torno a cuál será el rol y hasta dónde llegarán las asociaciones con privados por parte del Servicio Geológico Mexicano (SGM), una entidad relevante en las modificaciones regulatorias.

Hasta el momento, las esperanzas del sector sobre la creación de un mejor panorama están sentadas en dos vertientes: la primera radica en la vía legal a través de la puesta en marcha de amparos; y la segunda, en la creación del reglamento en torno a la ley.

Un nuevo protagonista

Las expectativas del sector minero están puestas en un actor que, si bien no es nuevo, ahora tendrá un papel preponderante y elemental: el SGM. La reforma contempla que será el encargado de realizar las actividades de exploración en el país, lo que pone en tela de juicio la labor que desempeñará al tratarse de una entidad sujeta al presupuesto asignado por el gobierno.

La anterior regulación marcaba que, al contar con la concesión minera, el capital privado era el encargado de detectar nuevos yacimientos, pero ahora el escenario es totalmente diferente.

“Desde el momento en que el servicio tome toda la exploración, y tomando en cuenta que tiene recursos económicos limitados, ¿cuánto tiempo se va a tardar en tener un portafolio suficiente de lugares para licitar y que, eventualmente, se conviertan en minas en producción? Porque las minas actuales se van a ir agotando, no son eternas”, enfatiza el geólogo Armando Alatorre.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, el SGM recibirá 1,193.1 millones de pesos, lo que equivaldría a alrededor de 67.9 millones de dólares. Del otro lado, la suma total de inversión en exploración por parte del sector minero en 2021 fue de 546 mdd, según cifras de la Camimex y la Secretaría de Economía (SE).

Si bien el reciente decreto contempla que el SGM podrá coordinarse con empresas privadas, los agentes del sector consideran que no está bien delimitado hasta dónde podrán llegar estas asociaciones o cuáles serán los detalles que conllevarán.

Luiz Camargo, director de Compañía Minera Cuzcatlán, subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, resalta que si bien la plantilla laboral del SGM cuenta con “equipo muy capaz y competente”, el financiamiento que pueda obtener a partir del erario aún queda enmarcado por varios signos de interrogación, así como los tiempos en que tendrá el registro de probables nuevos yacimientos.

“No tenemos el entendimiento del alcance que podrían tener [las asociaciones de privados] con el servicio y qué riesgos asumirán las partes, por eso hay que esperar un poco para tener el entendimiento de cómo va a funcionar este mecanismo, pero seguramente va a frenar la expectativa de esta actividad tan importante que es la exploración”, dice Camargo.

De acuerdo con cifras de la SE, 822 proyectos mineros impulsados por capital extranjero se encuentran en postergación, lo que equivale al 68% del total, mientras que el 22% está en fase de exploración, seguido de un 6% que se ubica en etapa de producción, mientras que un 3% está en desarrollo y el 1% , en cierre.

Nuevas concesiones

Una vez que el SGM haya detectado probables nuevos yacimientos, estos serán sometidos a un concurso de licitación pública, a diferencia del modelo pasado en el que las concesiones eran para el primer solicitante.

Otra diferencia en este rubro es que las concesiones mineras tendrán una duración de 30 años, con una primera prórroga de 25 años y la posibilidad de extenderla hasta 25 más; es decir, una duración máxima de 80 años, en comparación con los 100 anteriores.

Mientras se definen los tiempos para los privados, el decreto del DOF señala que para el caso de las concesiones otorgadas para empresas paraestatales “la vigencia del título de la asignación será por tiempo indefinido”, y sólo concluirán cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad o interés público, así como interés social que salvaguardar o razones de seguridad nacional que la justifiquen.

Previo a que la propuesta llegara al Senado, la Camimex señaló que la reforma podría terminar en arbitrajes internacionales, principalmente, bajo el esquema del T-MEC, al otorgar un trato discriminatorio a las empresas privadas frente a las públicas, lo que conllevaría indemnizaciones por parte del Estado a las compañías.

Desde la perspectiva de Karina Rodríguez Matus, abogada experta en temas de minería, energía e infraestructura, la piedra angular de las recientes regulaciones se encuentra en dos vertientes. La primera, en que el nuevo proceso de obtención de concesiones implica un cambio no dado en más de un siglo. La segunda, en si el SGM será capaz de hacerle frente las necesidades de la industria, en las que la obtención de minerales se torna indispensable con el cambio en puerta a esquemas de generación de energía y de movilidad más amigables con el medioambiente.

“No es un tema de discriminación, sino de formas de obtener concesiones. Las concesiones únicamente serán por licitación, lo que implica las mejores condiciones económicas para el Estado, pero la cuestión es esas concesiones qué tan rápido se van a poder licitar o no”, asevera.

Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía señala que para producir un auto a combustión interna que utiliza gasolina se requieren aproximadamente 20 kilos de cobre, mientras que para un auto eléctrico la cifra es cercana a los 55 kilos.

Alatorre resalta que otro de los principales problemas radica en que, al momento de obtener concesiones, la pequeña minería se vería en desventaja frente a empresas más grandes.

“En el momento en el que se licite un área, lo que dice la ley es que se va a otorgar al mejor postor, al que pague más, ¿qué significa? Que para efectos prácticos, la pequeña minería va a quedar fuera, nunca va a tener recursos suficientes para ofrecer más que empresas de mayor tamaño”, agrega.

Amparos, cancelación y delitos

Antes de publicarse en el DOF, la Camimex advirtió que, de no abrirse un diálogo “lógico y técnico”, las empresas se verían en la necesidad de acudir a las autoridades correspondientes y a promover amparos. Expansión conversó con una minera que, asegura, analiza la vía legal para interponer este recurso, pues considera que las causales de cancelación no están especificadas.

Desde la óptica de Rodríguez Matus, algunas causales son “subjetivas y pueden dar lugar a la interpretación”, por lo que subraya que es necesario precisarlas.

“Hace falta mucha precisión. El gran reto es generar certeza y seguridad jurídica, entonces, necesitamos precisar la regulación. Las causales de cancelación están directamente relacionadas con las nuevas obligaciones. Hace falta precisar los términos de la reforma, hace falta regular todo lo que se dice en la ley para generar entendimiento entre autoridad, sociedad y empresas”, argumenta.

Al mismo tiempo, el decreto adiciona el capítulo décimo ‘De los delitos’, que sancionará con penas de cinco a 10 años de prisión y una multa del 5% del total de sus ingresos anuales más 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Este capítulo no existía.

La situación se da en medio de un sector que ha visto disminuido el territorio para esta actividad a lo largo del actual sexenio. En 2018 estaba concesionado el 10.6% del país, cifra que descendió a 8.5% en el último año, según datos de la SE.

¿Los aspectos positivos?

Alfredo Phillips, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Environmental Social and Governance de Argonaut Gold, destaca que si bien son varios los puntos que generan incertidumbre en torno a la reforma, sí posee aspectos positivos, como que hace un mayor énfasis en el bienestar de las comunidades cercanas a donde se realiza la actividad.

“Estoy dando un ejemplo de las cosas positivas que trae, pero hay cosas que generan confusión e incertidumbre y que creo que, con el tiempo, se tendrán que ir resolviendo, pues hay cosas que generan preocupación de lleno, como lo de exploración”, añade.

Faysal Rodríguez, vicepresidente senior de Torex Gold México, resalta que desde el complejo que opera en Guerrero, denominado como Morelos, las actividades continuarán con normalidad, adoptando una postura “pragmática” frente a los nuevos lineamientos.

“En lo general, en la industria minera vamos a seguir operando como lo venimos haciendo. Obviamente, estas nuevas disposiciones nos retan a mejorar más nuestros controles ambientales, cultura de seguridad, de calidad y en cómo hacemos las cosas, pero, al final, vemos estos cambios con pragmatismo y seguiremos operando tal como lo hemos hecho”, agrega Rodríguez.

No obstante, estas dos mineras, así como Cuzcatlán, ponen sus esperanzas en que los puntos que están sin detallar puedan quedar esclarecidos en el Reglamento de la Ley, el cual deberá elaborarse e incorporarse en los siguientes 180 días posteriores a su publicación en el DOF.

Fresnillo plc también se suma a dicho listado, pues en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores menciona que “ciertos aspectos de la nueva ley pueden requerir aclaraciones adicionales por parte del regulador”, lo que se solucionaría a través de leyes reglamentarias que aún no se han emitido.

Legisladores de oposición han señalado que buscarán controvertir la reforma, ya que también modifica la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Entre los argumentos, destacan que fue aprobada vía fast track, por lo que la instancia encargada de llevar a cabo el procedimiento sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación.