En ese momento nadie lo sabía, pero una especie de lista de deseos entregada a discreción por la estatal CFE a Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría de Energía (Sener) en 2019 marcaría el rumbo de la política energética en los siguientes años.
Las dependencias y los reguladores recibieron a finales del primer año del sexenio un pliego petitorio de puntos relacionados con subir los cargos o tarifas que pagan los privados y a limitar, sobre todo, la operación de las centrales de autoabasto, un modelo ideado antes de la reforma energética para que los industriales y grandes compañías accedieran a electricidad a través plantas construidas por privados, pero que, a los ojos de la CFE, ha disparado la existencia de un mercado paralelo que mermaba sus ingresos.
La estatal se dio un año para materializar cada una de las peticiones, subir las barreras de entrada y así crecer su participación en el mercado de generación. El cumplimiento de los puntos no se logró en el plazo que se puso como meta, pero la política energética –ejercida en su mayoría por la Sener y el regulador del mercado– se ha basado prácticamente en este documento.
Los analistas del sector dicen que los puntos no se han cumplido del todo, pero notan una gran similitud entre lo pedido por CFE y los cambios hechos a las regulaciones, principalmente los propuestos con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que ha sido declarada inconstitucional en parcialidad por la Suprema Corte, pero que en la práctica su mayoría ya está puesta en marcha.
