Un exoperador de Vitol pagó sobornos a funcionarios de México

Los fiscales federales de Brooklyn dijeron que Javier Aguilar, de 49 años, envió dinero de su empresa, que tiene su sede en Ginebra, a los funcionarios a través de una enrevesada serie de intermediarios y empresas ficticias, violando así la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros.

"El acusado cometió estos delitos para obtener beneficios personales: por prestigio dentro de su empresa y por dinero", dijo el fiscal Clayton Solomon en su declaración de apertura, quien dijo que Aguilar ganaba más de un millón de dólares al año en sueldos y primas. "Cuando la empresa del acusado ganaba dinero, él ganaba dinero".

Aguilar se ha declarado inocente de tres cargos, entre ellos violar la FCPA y conspirar para blanquear dinero.

En su declaración de apertura, el abogado defensor William Price dijo que Aguilar contrató a consultores que creía legítimos para ayudar a Vitol a ganar negocios en Ecuador, y que esos consultores pagaron sobornos sin su conocimiento.

"Este caso trata de corrupción, pero no de la corrupción del señor Aguilar", dijo Price. "Él no conocía la 'salsa secreta' de los hermanos Pere".

Los asesores, Antonio y Enrique Pere, se encuentran entre varios presuntos conspiradores de Aguilar que se han declarado culpables y han accedido a cooperar con los fiscales.

Price dijo que los testigos que cooperaron culpaban a Aguilar con la esperanza de obtener sentencias benévolas, y que la estructura de pagos que utilizó Aguilar fue creada por un alto ejecutivo de Vitol.

Aguilar es la primera persona juzgada en Estados Unidos en el marco de una amplia investigación del Departamento de Justicia sobre empresas de comercio de materias primas que pagaban sobornos para conseguir negocios con empresas estatales en toda América Latina, un escándalo que ha sacudido los mercados energéticos desde México hasta Brasil.

En diciembre de 2020, Vitol admitió haber sobornado a funcionarios de Brasil, México y Ecuador y acordó pagar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones estadounidenses y brasileñas. Su rival, Gunvor, se enfrenta a una multa de hasta 650 millones de dólares para resolver las investigaciones estadounidenses sobre sus negocios en Ecuador.

El juicio de Aguilar se centra en un contrato de 30 meses y 300 millones de dólares que la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador adjudicó en 2016, así como en un trato para suministrar a la petrolera estatal mexicana Pemex etano líquido por valor de 200 millones de dólares.

Aguilar podría pasar más de una década de prisión si es declarado culpable.