Los comerciantes de materias primas, que compran y venden materias primas, a menudo operan en jurisdicciones donde la corrupción es común, poniéndolos en riesgo de entrar en conflicto con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos, que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros.
El caso de Petroecuador
Los fiscales federales afirman que Aguilar, que trabajaba en Houston como operador energético, pagó casi un millón de dólares en sobornos al alto directivo de Petroecuador, Nilsen Arias, y a un funcionario anónimo del Ministerio de Energía para ayudar a una empresa estatal de Oriente Medio a conseguir un contrato de 30 meses para comercializar el fuelóleo del país sudamericano en diciembre de 2016.
Vitol tenía un acuerdo para comprar el fuelóleo a la empresa de Oriente Medio y luego comercializarlo, dijeron los fiscales. Esa empresa no se nombra en los documentos judiciales, pero Reuters ha informado previamente de que se trata de Oman Trading International, que ha sido renombrada como OQ Trading y totalmente integrada en la petrolera estatal omaní OQ. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios.
Según los fiscales, Aguilar hizo que Vitol transfiriera dinero a empresas ficticias controladas por sus socios, que a su vez enviaron fondos a cuentas de Arias y del otro funcionario. Aguilar hizo que Vitol firmara acuerdos "ficticios" con las empresas fantasma para que las transacciones parecieran legítimas, según los fiscales.
Arias y sus socios -Lionel Hanst, Antonio Pere y Enrique Pere- se han declarado culpables y podrían testificar contra Aguilar.
Aguilar se ha declarado inocente de tres cargos de conspiración para violar la FCPA, violación de la FCPA y conspiración para cometer blanqueo de capitales. El cargo de blanqueo de dinero se deriva en parte de las acusaciones de pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal mexicana Pemex.
