El punto principal del documento es desaparecer el concepto de empresa pública del estado –de la reforma constitucional de 2013– que garantiza que la CFE y Pemex prioricen, como parte de sus actividades, la rentabilidad y utilidades de la inversión gubernamental. En cambio, según el texto de la iniciativa, se busca dejar asentado que la CFE deberá tener como objetivo "preservar la seguridad y autosuficiencia energética" y "proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro (…)".
El Estado mexicano es el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control, con la obligación de garantizar el acceso a todos los estratos sociales y a toda la población de México. La principal intención de este texto es modificar el modo de operación de la compañía eléctrica, aunque también se anticipan cambios en Pemex como resultado de una posible aprobación. Sin embargo, según los analistas, la propuesta es ambigua y carece de claridad.
Desde la perspectiva del obradorismo en materia de política energética, esto implicaría que la CFE no esté obligada a demostrar la viabilidad financiera de sus negocios, y que sus inversiones se guíen por criterios distintos a la rentabilidad de los proyectos.
"Tenemos muchas ambigüedades, no sabemos cuál va a ser el régimen de empresa pública del Estado, sabemos que van a eliminar el régimen especial de empresas productivas del Estado que las categoriza como entidades que tienen como mandato exclusivo el generar valor económico y sustentabilidad, con una figura nueva que parece que no sería como era antes, de tipo descentralizado o paraestatal. Es una nueva figura de la cual no tenemos los detalles”, dice Ana Lilia Moreno, del think thank México Evalúa.
La nueva figura sería añadida a la constitución sería definida en las leyes secundarias, según lo relatado en el texto. Así, no quedaría qué implica este cambio hasta que sea aprobado el cambio constitucional. Un escenario que se dibuja muy posible al tomar en cuenta la mayoría en el legislativo que tendrá el partido Morena.
Contrario al discurso obradorista, la iniciativa no cierra la participación de la inversión privada en el sector energético. Aunque de nueva cuenta es pcoco clara respecto a cómo se les permitirá invertir y en qué proyectos. Pero el texto propone establecer que las leyes por las cuales se decida la participación de particulares invertir en la industria eléctrica deben de tener como principio “la justicia social”. De nuevo, según los analistas, la definición es ambigua y no planea lineamientos de cómo el Estado y el sector privado podrían coactuar en el sistema eléctrico.
Lo único que se menciona dentro de la iniciativa es que los particulares no podrán tener “prevalencia” sobre la CFE, una definición que no ha sido utilizada de manera previa en la legislación y que ahora los especialistas del sector y las compañías privadas no saben cómo tomarla. El sector privado del mercado energético ha atravesado todo el sexenio en medio de la incertidumbre y sin poder tener una actuación importante a nivel de nuevas inversiones.
