La minería es fundamental para el funcionamiento de al menos 70 industrias, entre ellas la energética, acerera, automotriz, química, farmacéutica y de construcción, según estimaciones de la cámara. Su relevancia se ha incrementado en el contexto de la transición hacia modelos más sostenibles, ya que muchos minerales desempeñan un papel crucial en tecnologías limpias. Por ejemplo, el cobre, gracias a sus cualidades de conductividad, es esencial para los vehículos eléctricos, que requieren hasta cinco veces más de este material en comparación con los automóviles de gasolina.
Pero la reducción en el número de proyectos mineros operativos afecta directamente la disponibilidad de recursos esenciales. Con una menor oferta frente a una demanda creciente de sectores estratégicos, los precios de los minerales tienden al alza, lo que impacta también en los costos de los productos finales derivados de ellos.
A la falta de nuevas concesiones se suma la cancelación de proyectos en operación. En 2023, la Dirección General de Minas revocó nueve concesiones de litio de la empresa china Ganfeng Lithium, argumentando incumplimientos en los requisitos mínimos de inversión. Las concesiones anuladas abarcaban el mayor yacimiento proyectado de litio en el país, ubicado en Bacadéhuachi, Sonora.
Asimismo, la disputa con la estadounidense Vulcan Materials, cuya explotación en Quintana Roo fue suspendida y el área declarada protegida, ha generado preocupación en los inversionistas extranjeros.
Reformas y recortes presupuestales
En 2023, una reforma legislativa redujo el periodo de concesiones mineras de 50 a 30 años y modificó el proceso de adjudicación, estableciendo un sistema de concursos en lugar de la entrega automática. Además, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) asumió mayores responsabilidades en exploración, una labor necesaria para identificar nuevos yacimientos, cuyo proceso puede tomar entre cinco y diez años.
Sin embargo, el SGM enfrenta limitaciones presupuestarias. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2025 asigna 3,597 millones 932,049 pesos a este organismo, una reducción del 9.2% respecto al año anterior. Asimismo, el presupuesto destinado a la producción de información geológica se reducirá un 11.1%, pasando de 240 millones 126,157 pesos en 2024 a 213 millones 542,929 pesos en 2025.
Estos cambios, junto con la propuesta hecha por la administración de López Obrador de prohibir la minería a cielo abierto, generaron preocupación en el sector. Según la Camimex, el 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional proviene de este tipo de minas. De llevarse a cabo la reforma constitucional en su forma actual, se estima una contracción económica de 250,000 millones de pesos anuales, equivalente al 1% del PIB nacional.
“Sería un error que tendría graves consecuencias en términos de empleo e ingresos fiscales, comprometiendo el desarrollo económico”, señaló el organismo en su momento.
La administración de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y la Ley de Ingresos de la Federación, propuso un aumento en los derechos sobre la minería en el país. La iniciativa contempla incrementar el derecho especial de 7.5% a 8.5% y el derecho extraordinario de 0.5% a 1.0%.
Aunque empresas como la canadiense Newmont, operadora de la mina Peñasquito en Zacatecas —una de las más grandes del país y destacada por su producción de oro y plata—, han señalado que cumplirán con las nuevas disposiciones, estas medidas representan un desaliento para el sector minero.
“Todo esto ha venido a enturbiar el panorama… no manda un mensaje optimista hacia la industria minera”, advierte Mario Hernández, socio de KPMG México.
