El acuerdo no aplicará en estaciones de servicio ubicadas en las zonas fronterizas, donde rigen esquemas fiscales diferenciados y costos operativos específicos.
Supervisión y transparencia en el mercado
Para garantizar el cumplimiento del compromiso, el acuerdo establece que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantendrá el monitoreo de precios y dará a conocer semanalmente los costos de operación y almacenamiento. Asimismo, las estaciones que vendan gasolina por debajo del costo de distribución serán sujetas a verificaciones para “comprobar la licitud del origen o la calidad de los combustibles”.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará aplicando estímulos fiscales y reducciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para mitigar alzas en los precios internacionales.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente reforzarán las auditorías a importadores, comercializadores y expendedores para asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales, ambientales y de calidad.
El acuerdo estipula que “todas las autoridades competentes del Gobierno de México se comprometen a mantener de forma continua y permanente mesas de trabajo” para evaluar la efectividad de la medida y realizar ajustes según sea necesario.
Finalmente, el gobierno destacó que la adhesión al acuerdo es voluntaria, pero que espera la cooperación de todos los actores del sector para “fortalecer la transparencia y estabilidad del mercado de combustibles en beneficio del pueblo de México”.
