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Noruega expulsa a Pemex de su fondo de pensiones por sospechas de corrupción

El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega (GPFG) dejó fuera a Pemex de su lista por investigaciones sobre presuntos casos de corrupción.
mar 13 mayo 2025 05:38 PM
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Pemex, con una plantilla cercana a los 130,000 empleados y operaciones integradas de exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, es propiedad absoluta del Estado mexicano.

Pemex fue excluida del portafolio de inversiones del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega (GPFG), uno de los mayores fondos soberanos del mundo. La decisión, anunciada el domingo 11 de mayo, se basó en una investigación del Consejo de Ética del fondo que documenta un patrón de posibles actos de corrupción dentro de la empresa estatal mexicana a lo largo de casi dos décadas.

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El informe del Consejo recomienda la exclusión de Pemex “en virtud del criterio relativo a corrupción grave u otros delitos financieros graves”, tras detectar múltiples acusaciones o sospechas relacionadas con la compañía entre 2004 y 2023. Algunas de estas prácticas derivaron incluso en acuerdos legales en tribunales de Estados Unidos, lo que refuerza la preocupación sobre la gravedad de los casos.

Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con el involucramiento de exdirectivos de alto nivel. En particular, se señala que un exdirector general habría recibido sobornos por alrededor de 14 millones de dólares. “Las señales indican que se han manejado sumas sustanciales”, advierte el documento, aunque reconoce que la magnitud total de los pagos ilícitos no ha podido determinarse con precisión.

Una empresa estatal sin controles efectivos

Pemex, que es propiedad absoluta del Estado mexicano y cuenta con unos 130,000 empleados, opera en todas las fases de la cadena de valor del petróleo. A junio de 2024, el fondo noruego tenía en su poder títulos de deuda de la compañía por unos 1,443 millones de coronas noruegas, equivalentes a 135 millones de dólares.

Pero más allá de los casos específicos, el Consejo de Ética señaló deficiencias estructurales en la gobernanza institucional de Pemex. Al ser una empresa estatal, sus mecanismos de control pueden ser fácilmente ignorados, y este riesgo se agrava, según el fondo, por la falta de una respuesta clara ante las acusaciones públicas.

"El factor importante es si Pemex señala de forma clara que toma en serio las acusaciones de corrupción", indica el informe, y concluye que la información proporcionada por la empresa sobre contratos y posibles irregularidades financieras “no es suficientemente transparente”.

En lugar de esclarecer los señalamientos que han surgido en medios nacionales e internacionales, Pemex suele desestimarlos como falsos o sensacionalistas. A ello se suma otro factor de riesgo identificado por el fondo: el entorno adverso para la libertad de prensa en México. “La situación para los periodistas que escriben sobre corrupción en México es extremadamente desafiante”, advierte el Consejo, lo que complica aún más la posibilidad de evaluar públicamente estos casos.

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¿Qué respondió Pemex?

Al día siguiente del anuncio, Pemex aseguró haber respondido “de manera oportuna” a las solicitudes de información del fondo noruego y afirmó que su sistema anticorrupción está alineado con estándares internacionales. Sin embargo, el Consejo mantuvo su postura al considerar que no recibió información suficiente, particularmente sobre los casos de 2017 reportados en la prensa.

Ese año fue especialmente crítico para Pemex, no solo por su bajo desempeño operativo, sino por la documentación oficial de irregularidades.

El 8 de marzo de 2017, la entonces Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno) sancionó a siete funcionarios de Pemex Logística por autorizar pagos indebidos a una empresa por una obra no ejecutada, así como por la compra de equipo que nunca fue entregado.

El daño patrimonial ascendió a más de 35 millones de pesos, y las sanciones impuestas incluyeron destituciones, inhabilitaciones de hasta 15 años y multas por casi 50 millones de pesos.

También permanece abierto el capítulo del caso Odebrecht, una red internacional de sobornos orquestada por la constructora brasileña. Según investigaciones periodísticas y judiciales, Emilio Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, habría recibido más de 10 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en la adjudicación de contratos, entre ellos uno por 115 millones de dólares para remodelar una refinería.

Un golpe a la reputación de las empresas estatales mexicanas

Aunque Pemex subrayó que algunas sanciones se han dado fuera del país, el fondo noruego expresó su preocupación por la falta de sanciones internas y por la aparente ausencia de medidas efectivas para prevenir nuevos casos. En este contexto, la exclusión de Pemex no sólo representa la pérdida de una inversión institucional significativa, sino que también envía una señal clara al mercado internacional sobre los riesgos asociados con la empresa.

Para un fondo del tamaño y prestigio del GPFG, que gestiona inversiones en más de 8,500 empresas a nivel global, esta decisión podría tener repercusiones más amplias en la percepción de riesgo sobre otras compañías estatales mexicanas, especialmente en sectores estratégicos como el energético.

Con información de Reuters, Carolina Aguilar e Ivet Rodríguez

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