Esta capacidad adicional, que dependerá de si el país transita del escenario medio al escenario alto en su planificación energética, representa una oportunidad para empresas que desde 2019 vieron limitadas sus posibilidades de expansión.
¿Fin al freno?
Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las inversiones privadas en generación eléctrica fueron severamente restringidas. Se cancelaron las subastas eléctricas de largo plazo, se congeló la emisión de permisos desde la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), y se intentó reformar la Constitución para priorizar a la CFE, en un proceso que terminó sin éxito legislativo pero con efectos paralizantes.
El nuevo enfoque anunciado por Sener representa un cambio en la política energética. A diferencia del periodo anterior, la actual administración ha reconocido públicamente la necesidad de sumar inversión privada para garantizar la suficiencia energética del país en el mediano plazo.
“De ahí queremos satisfacer todas las necesidades relacionadas con el nearshoring, pero también con el Plan México y los Polos de Desarrollo del Bienestar que se están impulsando, y a través de esta inversión los privados nos ayuden a contribuir al desarrollo local”, puntualizó Islas.
El subsecretario también explicó que se ha establecido una meta clara en términos de transición energética: alcanzar una participación mínima de 38% de energía limpia y 62% de energía térmica hacia el final del sexenio. Bajo un escenario más ambicioso, el país podría alcanzar hasta 45% de generación limpia.
Para lograrlo, se requerirá una combinación de inversión pública y privada. La CFE, por su parte, también contempla un rol más activo en el desarrollo de energías renovables. Entre 2027 y 2030, planea consolidar proyectos fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento con baterías.
“Estamos considerando renovables, tan solo CFE ya contempla 2,210 megawatts fotovoltaicos y capacidad de baterías. Y en una segunda etapa de inversión se contemplan proyectos eólicos por 2,470 megawatts también acompañado de baterías”, señaló Islas.
CFE apuesta por las renovables
Una de las condiciones para que los nuevos proyectos sean viables es el respaldo con sistemas de almacenamiento. “Se va a mantener un 30% de respaldo a las inversiones, especialmente de energías renovables”, aclaró el funcionario. Este requerimiento busca garantizar la estabilidad de la red eléctrica ante la intermitencia de las fuentes limpias.
De concretarse las inversiones tanto públicas como privadas, Islas prevé que México podría alcanzar cerca de 2 gigawatts de capacidad en baterías para 2030, lo que no solo facilitaría la integración de renovables, sino que permitiría contar con almacenamiento para picos de demanda.
La apertura a inversiones privadas no implica un abandono del control estatal, pero sí una corrección a los excesos regulatorios del pasado reciente. Se busca un equilibrio en el que tanto CFE como los privados coexistan con reglas claras y con objetivos energéticos compartidos.
El mensaje de la Secretaría de Energía marca un punto de inflexión para empresas nacionales y extranjeras que habían postergado decisiones de inversión ante el clima de incertidumbre jurídica que predominó durante más de cinco años.
El nuevo escenario también coincide con una presión creciente de sectores industriales que han advertido sobre riesgos de saturación en la red si no se incrementa la capacidad instalada. Las necesidades derivadas del nearshoring han obligado al gobierno a revalorar la participación del sector privado.
Además del tema energético, los proyectos anunciados podrían tener un impacto regional relevante. Al estar alineados con los Polos de Desarrollo del Bienestar, las inversiones tendrían una orientación hacia el sur del país, tradicionalmente marginado de los grandes flujos de capital.
El reto ahora será consolidar los marcos regulatorios y permisos necesarios para que los proyectos puedan desarrollarse con certidumbre.
