La preocupación no es nueva. En julio de 2022, Estados Unidos solicitó un periodo de consultas en el marco del T-MEC por considerar que la política energética mexicana favorecía de forma indebida a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de las empresas privadas. Aunque ese proceso no derivó en un panel arbitral, dejó un precedente importante.
Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024 y el respaldo mayoritario de su coalición en el Congreso, la reforma energética fue retomada y consolidada. La nueva legislación fue publicada en marzo de 2025, reforzando el control del Estado en el sector y reemplazando a los reguladores con nuevas entidades bajo mayor supervisión del Ejecutivo.
“También hay que ver cómo operan los reguladores de energía porque tienes un capítulo de empresas propiedad del Estado, en el que establece que no puede haber discriminación por la vía regulatoria, por ejemplo, a favor de los monopolios estatales”, advirtió Smith. Aseguró que, una vez que las nuevas agencias como la Comisión Nacional de Energía entren en funciones, podrían ser objeto de demandas si actúan de manera contraria a los compromisos del tratado.
La tensión no se limita al sector energético. La reforma al Poder Judicial también genera inquietud. Según el capítulo 29 del T-MEC, las disputas deben resolverse mediante procedimientos independientes. Si los nuevos jueces no actúan con autonomía, podría considerarse una violación al tratado.
Valeria Moy, directora general del IMCO, recordó que las tensiones comerciales no son exclusivas de un solo lado. “México también ha hecho acciones violatorias al T-MEC como la desaparición de los órganos autónomos, lo que hemos hecho en el mercado energético con los últimos años, esos también son causales de temas violatorios”, apuntó.
Cartas sobre la mesa
La situación se complica ante el nuevo escenario político en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump impuso recientemente nuevos aranceles a productos mexicanos. Aunque la atención pública se ha centrado en estos gravámenes, los expertos advierten que los conflictos estructurales en sectores clave como energía podrían tener consecuencias más duraderas.
Smith enfatizó que, si bien el escenario ideal sería una revisión administrativa del T-MEC, México debe prepararse para una eventual renegociación. “Cada país debe definir cómo se prepara para esta revisión. Hay que prepararse para el escenario más extremo de una renegociación, en la que trabajemos sector privado, sector público y sociedad civil para presentar los temas de interés de México”, indicó.
El volumen del comercio regional hace inevitable que surjan disputas. El T-MEC regula intercambios por más de dos billones de dólares anuales. “Es inevitable que haya disputas comerciales en un tratado… obviamente vas a tener disputas, y eso es muy normal”, reconoció Smith.
Lo preocupante, apuntan analistas, es que estas disputas coincidan con un entorno político volátil, donde cualquier pretexto puede ser utilizado para endurecer las condiciones del acuerdo. “Los negociadores que se van a sentar con México el año entrante tienen muy claro cuáles son temas importantes para el sector privado estadounidense”, dijo Smith.
Por ello, recomendó evitar decisiones que puedan ser percibidas como violatorias del tratado, especialmente en sectores tan sensibles como energía y justicia. “En medida que podamos cuidar en México que la implementación de estas reformas constitucionales sean lo menos dañinas posible y generen menos conflictos con Estados Unidos y Canadá, podemos aspirar a tener menos problemas en la revisión del 2026”, añadio.
