Carlos Vallejo Galván, socio fundador de la firma Qua Energy, consideró que, aun sin otros cambios, la reducción de plazos ya representa una mejora importante. “Ya no se van a tener que esperar 90 días, eso pudiera ser un incentivo el tener que esperar un mes menos respecto a lo que se tenía en la ley –todavía vigente– pero que va a eliminarse con la entrada en vigor de dicho acuerdo”, señaló.
Además del acortamiento en tiempos, la CNE plantea la creación de un formato único de solicitud, que estará disponible en su sitio web cuando el acuerdo entre en vigor. Este documento será clave para estandarizar los trámites y hacerlos más accesibles para los solicitantes.
Daniela Suárez, directora jurídica de Grupo Ciita, recordó que una vez que entré en vigor el acuerdo, la CNE tendrá 5 días hábiles para publicar en su página el formato previamente mencionado.
El acuerdo también contempla cambios en los requisitos que deben cumplir los permisionarios. Aunque el número total se mantiene en siete, la CNE asegura que serán “más sencillos”. Por ejemplo, en lugar de presentar evidencia detallada del diseño de la estación, los solicitantes deberán llenar el formato único, aún no disponible.
“En cuanto al número de requisitos, sin entrar al fondo, siguen siendo 7; y aquí es la parte interesante en donde tendría la autoridad que trabajar para que además de los tiempos que ya se redujeron, se vuelva más eficiente”, comentó Vallejo Galván.
Aval ambiental será obligatorio
Uno de los ajustes más relevantes es la incorporación de un requisito ambiental que antes no existía: ahora será obligatorio presentar el resolutivo en sentido positivo del informe preventivo emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea).
Suárez explicó que esta modificación es significativa. “Deben contar con un uso adecuado de suelo, hay que tenerlo presente; antes no lo solicitaba la CRE de manera previa para realizar la solicitud del permiso, pero ahora será un requisito indispensable y no se podrá realizar de manera simultánea”, explicó.
Este nuevo paso busca asegurar que las estaciones no se instalen en zonas con afectaciones ambientales o áreas naturales protegidas. La idea es reforzar los controles antes de que se otorgue cualquier permiso para el expendio al público de petrolíferos.
No obstante, especialistas advierten que aún es necesario aclarar con precisión todos los requisitos. Vallejo Galván señaló: “En un solo documento, de ser posible en un solo acuerdo, dejar bien claros los requisitos y que de ahí no se van a mover, porque si no se vuelve a caer en el margen de la discrecionalidad”.
Rebote de permisos, hasta 2026
La claridad es particularmente relevante tras meses de incertidumbre regulatoria. La extinción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en marzo y el proceso de integración de la nueva CNE han dejado huecos normativos que el gobierno busca llenar con los nuevos reglamentos.
En ese contexto, Vallejo considera poco probable que este año se rompan récords de nuevos permisos. “Ya no se está apostando a un año rompe-récord en la emisión de permisos, no veremos que hay más de 500 permisos al cierre del año, pero sí veremos que los permisos que se expidan estarán blindados en la parte ambiental y regulatoria”, afirmó.
Según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 18 de marzo de este año –fecha en la que desapareció la CRE– se otorgaron solo 44 permisos para nuevas estaciones de servicio. Esto refleja una desaceleración frente a años anteriores, cuando el promedio anual superaba los 300.
Para Vallejo, será hasta 2026 cuando podría esperarse una reactivación significativa en la emisión de nuevos permisos, ya con un marco normativo más claro y procesos más estables. “Tal vez la emisión importante de permisos la veamos hacia 2026, pero este año, ya por los tiempos, veo muy difícil que tengamos un número muy grande, por lo que no me atrevo ni a dar un estimado”, dijo.
Por su parte, Daniela Suárez señaló que aún es necesario esperar a que se publique el formato único de solicitud para verificar si efectivamente se logrará una simplificación en los trámites y entender con claridad los cambios que se están implementando.
