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El huachicol le cuesta a México lo equivalente a siete hospitales al año

El robo de combustibles costó 24,738 millones de pesos, el mismo monto que el gobierno federal invirtió en la construcción de siete hospitales nuevos.
mié 16 julio 2025 05:18 PM
El huachicol le cuesta a México lo equivalente a siete hospitales al año
Un promedio de 43 mi barriles diarios de combustibles se robaron en los últimos 18 años.

Cada año, el robo de combustibles en México deja un vacío financiero equivalente a levantar siete hospitales. En 2024, el monto estimado por este delito alcanzó los 24,738 millones de pesos, una cifra que iguala el presupuesto anunciado por el IMSS y la Sedena para edificar siete nuevos centros hospitalarios que atenderán a casi tres millones de mexicanos.

El contraste entre ambas cifras ilustra el tamaño del desfalco. El desvío ilegal de gasolina, diésel, gas LP y hasta turbosina, que sigue drenando recursos públicos y comprometiendo la seguridad energética del país, podría financiar infraestructura médica esencial en un país donde la demanda por servicios de salud pública sigue superando a la oferta.

El cálculo proviene de un análisis elaborado por Francisco Barnés de Castro, exsecretario de Energía y miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía. Según su estimación, entre 2007 y 2024 México ha perdido, en promedio, 1,350 millones de dólares anuales por el robo de diversos combustibles como gasolina, diésel, gas LP e incluso turbosina. Solo en 2024, eso representa alrededor de 24,738 millones de pesos.

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Diésel, el combustible más robado

El especialista ha rastreado el fenómeno del huachicol desde 2007 y calcula que, en promedio, el país pierde 43,000 barriles diarios. Tan solo el año pasado, el robo se disparó hasta los 50,700 barriles por día, de los cuales 28,000 correspondieron a diésel, 13,000 a gasolinas y 9,700 a gas LP. Esa cifra equivale al consumo diario de combustible de un estado entero.

El diésel es uno de los energéticos más codiciados por las redes ilegales. Su facilidad para colocarse en el mercado lo convierte en una pieza clave del negocio ilícito. “Una parte muy importante del diésel se distribuye a través de empresas comercializadoras y va a dar a flotillas de transportistas de carga y de pasajeros, y va a empresas que lo utilizan como combustible, entonces es mucho más fácil colocarlo en grandes cantidades”, detalló Barnés.

La gasolina también tiene alta demanda, aunque su distribución clandestina suele ser más fragmentada. Por su parte, la turbosina, aunque robada en menores cantidades, encuentra clientes en el crimen organizado, que la utiliza para mover aeronaves empleadas en el contrabando de mercancías ilegales.

Barnés explica que estas estimaciones surgen de comparar cuatro variables: la producción nacional (a cargo exclusivamente de Pemex), las importaciones, las ventas registradas y los niveles de inventario.

“Esas cifras son oficiales, revisadas por Pemex y la Secretaría de Energía, y si vemos que de repente desaparece el 18% del producto, pues entonces hay que investigar a dónde fue”, señala.

Picos de robo

El fenómeno ha sido persistente, pero tuvo su mayor pico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2018, el robo de combustibles alcanzó los 89 mil barriles diarios, lo que representó el 18.6% de la producción nacional de ese año. Fue el momento más crítico en los registros recientes.

La siguiente administración comenzó con una caída en el volumen robado, impulsada en parte por el impacto de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. En enero de 2019, una toma clandestina mal manejada provocó una fuga masiva de gasolina y una tragedia: 137 personas murieron mientras recolectaban el combustible. La conmoción obligó a reforzar la vigilancia en ductos y estaciones de distribución.

Sin embargo, esa disminución fue temporal. En los últimos tres años, el robo de combustibles se ha estabilizado nuevamente alrededor de los 50 mil barriles por día. Aunque por debajo del récord de 2018, sigue representando una sangría constante.

El impacto económico directo recae sobre Pemex, pero también sobre las finanzas públicas. Por eso, más allá del combate operativo al huachicol, el desafío está en cerrar los espacios que permiten su operación: controles laxos, omisiones logísticas y participación de redes legales que facilitan la comercialización del producto robado.

“Espero que la estrategia que está impulsando el actual Gobierno en el combate al huachicol permita ver en los próximos meses la reducción en el robo de combustibles”, señaló. Pero los datos recientes muestran que, pese a los esfuerzos, el problema sigue presente y costando caro.

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