Aranceles y programas de protección
Recientemente, México implementó una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), que establece aranceles a productos provenientes de países con los que no existen tratados comerciales. La medida busca proteger la producción nacional y reforzar la integración de la cadena de valor local.
En este contexto, Carlos Castillo, director general de industrias pesadas y alta tecnología de la Secretaría de Economía, explicó que la reforma no afectará a los fabricantes de automóviles establecidos en México. “Estos instrumentos permiten a los fabricantes de automóviles aplicar aranceles e impuestos de importación… Se estima que la industria automotriz no se verá afectada dado que todos los productores cuentan con un proceso que permite importar insumos, sin aranceles, de países con los que México no cuenta con acuerdos comerciales”, detalló en el Citi Mobility Day México 2025.
A través del programa IMMEX, las armadoras pueden importar temporalmente mercancías para procesos de manufactura con diferimiento de impuestos. El PROSEC, en su Regla 3.4, abre la puerta a productores indirectos en tanto sus insumos se dirijan a exportación. Y la Octava de Comercio Exterior sigue vigente como vía para importar maquinaria y componentes que reduzcan costos en la cadena de producción.
Estas medidas, que podrían sonar técnicas, forman parte de una narrativa más amplia: la intención de que México deje de ser ensamblador y se convierta en creador de valor. La apuesta va acompañada de estímulos fiscales como la deducción inmediata de inversiones en activos fijos, con mayores beneficios a proyectos de alta tecnología, investigación y desarrollo.
Infraestructura y proveeduría: pilares del Plan México hacia 2030
En los números también se juega la ambición política. El Plan México pretende que el país escale del puesto 12 al top 10 de las economías más grandes del mundo. En lo automotriz, la meta es elevar en 15% el contenido nacional de la producción, un desafío que exige no solo proveedores, sino infraestructura energética y logística a la altura.
Actualmente, más de 60% de los componentes de los vehículos producidos en México provienen de proveedores locales. El Plan México busca elevar este porcentaje a 75% para 2030, mediante inversiones en automatización, manufactura avanzada y capacitación técnica, con especial énfasis en vehículos eléctricos, híbridos y de nueva generación, cuya demanda en América del Norte se proyecta crecer hasta 20% anual.
Por eso, la ruta de blindaje se extiende más allá de las fábricas. El Gobierno ha puesto en el centro un plan de expansión energética que prevé alcanzar 22,674 MW hacia 2030, con 59 proyectos de inversión en generación, transmisión y distribución. La meta es que 45% de este incremento provenga de energías renovables, un guiño a la exigencia global de descarbonización en la industria automotriz.
El agua, ese insumo silencioso que sostiene a la manufactura, también entra en la ecuación. Se prevé acelerar 37 proyectos estratégicos que incluyen modernización de distritos de riego y saneamiento de ríos. Un frente que suele quedar fuera de los reflectores, pero que resulta crítico para garantizar la continuidad productiva en regiones donde las armadoras ya enfrentan tensiones por disponibilidad hídrica.
Las piezas del rompecabezas apuntan a dar certeza antes de que arranque la revisión del T-MEC en 2026. “Todos tenemos muy claro que la revisión del T-MEC presentará muchos desafíos… Nuestra estrategia, y la de la presidenta, que creemos que ha sido muy exitosa, es evitar confrontaciones innecesarias, mantener la calma, una visión muy realista y mantener un diálogo firme, pero continuo”, subrayó Castillo.
La industria, acostumbrada a ciclos de negociación comercial, observa con atención. El antecedente de los paneles de controversia en reglas de origen automotriz todavía pesa, y cualquier modificación en las condiciones podría redefinir la competitividad de México frente a Estados Unidos y Canadá.
En este tablero, la protección no es sinónimo de cierre, sino de ajuste fino. Las reglas aduaneras, fiscales y regulatorias operan para reducir su dependencia de importaciones críticas.
El desafío, sin embargo, es doble. Mientras se blinda la integración con Norteamérica, México debe demostrar que puede generar condiciones para que más proveedores locales entren a la cadena. El riesgo es que la industria mantenga su fortaleza exportadora, pero con bajo contenido nacional, un escenario que restaría fuerza a la narrativa del Plan México.
En paralelo, la transición tecnológica añade presión. Las armadoras instaladas en el país ya enfrentan la exigencia de migrar hacia vehículos eléctricos e híbridos, lo que requiere infraestructura de carga, innovación en baterías y proveedores capaces de ajustarse a la nueva lógica productiva.
La combinación de protección arancelaria, incentivos fiscales, programas de proveeduría y expansión de infraestructura coloca a México en una posición estratégica dentro de la industria automotriz global, con la intención de que el país no solo mantenga su relevancia exportadora, sino que también se convierta en un centro de innovación y manufactura avanzada en América del Norte.
