El sector energético y las autoridades han puesto en marcha regulaciones y programas para enfrentar la problemática. Se realizan operativos de inspección en estaciones de servicio, verificaciones de bombas despachadoras e incautaciones de producto ilegal. Entre las dependencias que participan están la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) y la hoy extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Aun así, la sensación de indefensión persiste. Los controles oficiales se aplican a lo largo de la cadena de valor, desde la importación y almacenamiento hasta la venta final al consumidor. Pero los resultados no siempre son perceptibles, pues en el mostrador no hay sellos visibles ni certificados que permitan confirmar que el combustible cumple con todas las reglas.
Uno de los instrumentos más relevantes para este propósito son los controles volumétricos, obligatorios desde 2018 a partir de la publicación del Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Su cumplimiento pleno arrancó en 2022 y se extiende a todas las empresas que realizan actividades con petrolíferos, desde estaciones de servicio, plantas de distribución, transporte, terminales, importadores, exportadores e incluso empresas con autoconsumo.
Controles volumétricos, la apuesta para garantizar trazabilidad
Estos sistemas informáticos permiten monitorear en tiempo real los volúmenes de combustibles que se manejan, con el objetivo de garantizar que si en el inicio de la cadena ingresan 10 litros, sean los mismos que llegan al consumidor final. Con ello, se busca evitar la incorporación de producto ilícito y asegurar trazabilidad en cada transacción.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la autoridad encargada de vigilar su funcionamiento. Las empresas deben enviar reportes diarios y mensuales, y en caso de inconsistencias, el organismo puede realizar auditorías fiscales, aplicar sanciones económicas o incluso suspender operaciones.
Gabriel Rosas, director de operaciones de Verifigas, detalló que el marco normativo establece medidas de seguridad robustas. “El Anexo 30, en el punto 30.6, nos dice que los sistemas deben tener controles de seguridad, tanto físicos como digitales, que no permitan que cualquier persona pueda ingresar al sistema, contraseñas actualizadas periódicamente, antivirus especializados, registro ante el SAT, todo eso para generar reportes automáticos diarios, en los que se pueda mostrar si hay una diferencia volumétrica, que se envían al SAT”, apuntó el especialista.
Ricardo Quiroz, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), enfatizó que los controles volumétricos son la herramienta clave para garantizar la procedencia lícita del producto. “Básicamente son los mecanismos con los que se debe garantizar la calidad del producto y su procedencia lícita, desde la importación o producción del producto hasta el punto final de consumo”, explicó.
En la práctica, no obstante, el ciudadano de a pie no tiene certeza de que el sistema funcione. Quiroz reconoció que la vigilancia está en manos del SAT, pero admitió que es difícil comprobar el correcto uso de estos mecanismos. “Hay unidades de inspección que revisan los temas de ciberseguridad; pero en realidad es complicado saber para un usuario convencional si realmente un control volumétrico está funcionando o no, podemos saber que tenga sus dictámenes y disposiciones vigentes, pero el resto es complejo”, señaló.
A esta complejidad se suma la sobrerregulación, advierten especialistas. Rosas destacó que muchas normas adicionales han surgido porque algunos contribuyentes no cumplieron a tiempo y recurrieron a certificados sin validez real. “La autoridad competente empieza a poner más normas y controles para llegar al mismo fin, el cumplimiento real, incluso se podría hablar de una sobrerregulación que se ha generado por muchos contribuyentes que no cumplieron de manera oportuna, que compraron algún papel o certificado para decir que cumplen sin hacerlo en realidad”, indicó.
Entes obligados:
- Gasolineras o estaciones de servicios
- Plantas de distribución
- Transporte de hidrocarburos
- Empresas con flotas vehiculares que tienen puntos de autoconsumo
- Terminales de almacenamiento de combustible
- Importadores y exportadores de combustibles
Sanciones por incumplimiento
Otro problema identificado es el rezago en la supervisión. Mientras la lupa se concentra en las estaciones de servicio, otras áreas críticas como transporte y comercialización no reciben la misma atención, lo que abre espacios de vulnerabilidad en la trazabilidad del combustible.
El marco sancionatorio es severo. Los permisionarios que incumplan con los controles volumétricos enfrentan multas que oscilan entre 36,000 y 69,000 pesos por cada mes de incumplimiento. Si la falta se prolonga por un año o más, el monto se multiplica. En los casos más graves, la multa por carecer de certificado puede alcanzar los 5 millones de pesos, además de sanciones penales que contemplan hasta ocho años de prisión en caso de falsificación de documentos.
Estas medidas buscan inhibir irregularidades, aunque en la práctica todavía no logran disipar la desconfianza. Para los consumidores, la ausencia de un comprobante tangible en el momento de la compra es el mayor vacío. Nadie puede confirmar en el acto que los litros sean de a litro ni que el combustible esté libre de alteraciones.
En las empresas, el cumplimiento se traduce en inversión en sistemas tecnológicos, capacitación de personal y reportes constantes ante la autoridad. Para los reguladores, implica destinar recursos humanos y tecnológicos a la revisión, un reto que se multiplica en un mercado con más de 13,000 estaciones de servicio activas en el país.
A pesar de los esfuerzos, la percepción social es que llenar el tanque continúa siendo un ejercicio de confianza. La trazabilidad es un concepto técnico que difícilmente llega a la experiencia diaria de quien paga en la bomba.
La transparencia en la información al consumidor parece ser el paso pendiente. Aunque el SAT y otras dependencias reciben datos en tiempo real, los usuarios no tienen acceso a un sistema de verificación sencillo que les permita corroborar lo que ocurre en cada despacho.
“La respuesta no debería ser tener cada vez más control y vigilancia del sector, sino que los encargados del mercado de combustibles cumplan, desde el inicio, con sus obligaciones a tiempo y sin alteraciones en los productos que venden al consumidor”, dijo Rosas.
