El anuncio de Carso se alinea con la estrategia de contratos mixtos impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, donde el sector privado financia y opera proyectos mientras Pemex garantiza el pago mediante la producción futura. Hasta ahora, 11 contratos de este tipo se han concretado sin revelar los actores ni los campos involucrados.
El modelo elegido por Carso combina inversión privada, riesgo compartido y retorno ligado al éxito operativo, una fórmula que busca acelerar el desarrollo de Ixachi mientras protege la viabilidad financiera de Pemex.
El contrato también subraya la relevancia estratégica del campo, que combina reservas de aceite y gas con complejidad técnica, haciendo de Ixachi un proyecto que pocos actores privados podrían ejecutar sin experiencia previa.
Ixachi, un campo con potencial
El campo Ixachi, oficialmente AE-0032-6M-Joachin-02, produce actualmente 93,000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas diarios, equivalentes a 236,000 barriles diarios de petróleo equivalente, lo que lo convierte en uno de los yacimientos terrestres más importantes de México.
Descubierto en 2017 durante la administración de Enrique Peña Nieto, Ixachi fue considerado el mayor hallazgo terrestre en 15 años, gracias a su tamaño y a las condiciones técnicas desafiantes de perforación, incluyendo profundidad, temperatura y presión elevadas.
La operación representa un refuerzo del portafolio petrolero de la familia Slim, que en el último sexenio ha adquirido participación en campos como Ichalkil, Pokoch y Talos México, además de mantener alianzas estratégicas con el gobierno y Pemex, particularmente para proyectos de gas como Lakach.
La experiencia de las subsidiarias de Carso en pozos complejos se ha consolidado en campos como Quesqui e Ixachi, mediante contratos previos con Pemex, donde aún existen saldos pendientes de cobro por trabajos ya ejecutados.
Este acuerdo se concreta en un momento de tensiones financieras para Pemex, que al segundo trimestre de este año acumulaba impagos a proveedores y contratistas por 22,800 millones de dólares, y una deuda global de 98,800 millones de dólares.
Además, la producción de crudo y condensados de la petrolera se encuentra en niveles mínimos de cuatro décadas, debido al declive de sus principales yacimientos, lo que ha llevado a buscar esquemas de inversión privada para incrementar la producción sin comprometer recursos fiscales inmediatos.
