El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) son las principales autoridades responsables de vigilar el ingreso de combustibles. Sin embargo, detrás de esta actividad ilícita existe una red compleja que involucra a empresarios en ambos lados de la frontera, agentes aduanales, elementos de la Marina y funcionarios federales, lo que dificulta desmantelar su operación.
El diésel, producto estrella del contrabando energético
El puerto de Altamira, Tamaulipas, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del huachicol fiscal por su cercanía con las refinerías estadounidenses del Golfo. En marzo pasado, las autoridades decomisaron allí un buque con 10 millones de litros de diésel provenientes de Texas, un golpe que expuso la magnitud del contrabando.
Si bien la práctica incluye gasolina, el diésel es el producto que más se trafica bajo estas modalidades. “El diésel se puede comercializar en empresas de transporte, ya sea de carga o de pasajeros, lo que permite colocar volúmenes más grandes”, explicó Francisco Barnés de Castro, miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía.
A diferencia de la gasolina, que debe llegar casi siempre a estaciones de servicio, el diésel encuentra múltiples puertas de entrada en el mercado, desde flotas de transporte hasta compañías de logística. Esta flexibilidad lo convierte en el producto predilecto de los contrabandistas.
Las pérdidas para el fisco son difíciles de dimensionar, pero fuentes del sector estiman que superan los miles de millones de pesos al año. Se trata de un boquete que, además de afectar a las finanzas públicas, distorsiona la competencia en el mercado energético.
En respuesta, el gobierno federal ha implementado múltiples capas de regulación para rastrear la procedencia del combustible. Los llamados controles volumétricos del SAT, las inspecciones de la Profeco y la vigilancia de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) buscan garantizar que cada litro llegue al consumidor con trazabilidad.
Controles sobrerregulados, pero sin presencia en el campo
A pesar de esa arquitectura burocrática, la realidad es que la verificación física es insuficiente. Expansión documentó recientemente que, en la práctica, los consumidores cargan combustible sin poder corroborar su origen. La experiencia en la estación de servicio se convierte en un “acto de fe”.
La multiplicidad de dependencias añade complejidad. Los permisionarios deben entregar información a Profeco, Asea, la Comisión Nacional de Energía, el SAT y otras instancias, muchas veces con formatos distintos y datos duplicados. El exceso de papeleo termina por diluir el objetivo de control.
Alicia Zazueta, CEO de eServices, considera que la solución pasa por la digitalización. “Muchas autoridades solicitan los mismos datos, solo que unos manuales, otros sistematizados, y si todo eso está montado en un solo sistema de información se podría evitar la duplicidad y tener esa correcta trazabilidad”, señaló.
En su visión, el SAT, con los controles volumétricos, es la institución mejor posicionada para rastrear discrepancias. Sin embargo, la coordinación entre dependencias sigue siendo limitada y se concentra más en el escritorio que en el campo.
Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), subrayó esa carencia. “Dicen que donde está el dinero es donde está el interés, y hay que analizar si donde está el presupuesto existe el recurso suficiente para hacer visitas de inspección”, afirmó.
Robles advirtió que autoridades como la CNE o la ASEA carecen de presupuesto y personal para realizar inspecciones de campo. “Lo que necesitamos son acciones”, insistió durante una conferencia de la organización Alliance.
La especialista también pidió revisar estaciones de recarga de combustibles que operan en comunidades alejadas sin permisos. “Que vayan a esas comunidades donde hay estaciones de servicio, tanto de gasolinas como de gas LP que no tienen permiso y que de repente llegan, sacan un tanque, ponen un dispensario y se ponen a vender”, dijo.
El fenómeno no se limita a zonas rurales. A lo largo de la carretera México–Puebla, ejemplificó Robles, proliferan puntos de venta ilegal a la vista de cualquiera. “Entonces dónde está la Guardia Nacional, esa venta de combustible ilegal sucede en las carreteras”, cuestionó.
Los especialistas coinciden en que la sobrerregulación actual genera más obligaciones administrativas que resultados tangibles. En paralelo, los grupos criminales han perfeccionado mecanismos para burlar los sistemas de control, lo que agrava la percepción de impunidad.
La falta de trazabilidad real, sumada a la limitada capacidad de inspección en campo, provoca que la cadena de valor energética se mantenga vulnerable. Desde la importación hasta el punto de venta final, la línea entre lo lícito y lo ilegal se vuelve difusa.
Mientras tanto, las empresas formales enfrentan un doble reto: competir con precios distorsionados por el contrabando y cumplir con regulaciones que incrementan sus costos. El riesgo, advierten analistas, es que el mercado se fragmente aún más en perjuicio del usuario.
La expectativa es que los mecanismos de control evolucionen hacia esquemas más efectivos y digitalizados. Sin embargo, mientras los controles sigan siendo “en papel” y no en territorio, el huachicol fiscal continuará siendo una de las grietas más rentables del sector energético mexicano.
