Beatriz Marcelino, CEO de Grupo Ciita, calcula la magnitud del fenómeno con una cifra que revela la profundidad del problema. “Yo le calculo que son como unos 100,000 o más. Tenemos espacios en las terminales de camiones de pasajeros, las operaciones de trailers, de servicios, etcétera, hay muchas áreas de oportunidad para ese combustible ilegal”, explicó.
El crecimiento, afirma, fue impulsado por un modelo de oferta directa que facilitó la instalación de tanques sin permisos. “Se les hizo muy fácil a las comercializadoras decirles yo te vendo el combustible y te pongo o te presto el tanque de almacenamiento, y entonces las empresas empezaron a colocar sus tanques de almacenamiento sin regulación”, expuso.
La queja del sector
Las consecuencias pronto alcanzaron al sector gasolinero, que durante años denunció la salida de clientes corporativos que antes mantenían contratos de volumen. Las cuentas no cerraban: había menos compras en estaciones, pero una demanda creciente en empresas que mantenían su operación sin señales de recorte.
“Gran parte de empresas transportistas dejaron de comprar y tenían convenios con gasolineras. Entonces para las empresas que compran ese combustible ilegal, por ejemplo el diésel que cuesta 27 pesos y el comercializador lo vende un peso por debajo del precio lo que genera ahorros mensuales de 100,000 pesos”, agregó Marcelino.
A medida que esta red se expandía, también lo hacía el riesgo de que combustible de procedencia ilícita encontrara un canal directo para llegar a usuarios finales.
Ricardo Quiroz, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Estaciones de Servicios (Ampes), señala que estos puntos irregulares se convirtieron en receptores frecuentes de huachicol. “Mucho del hidrocarburo ilícito sí estaba llegando a este tipo de instalaciones, realmente hace algunos años fueron los grandes consumidores de huachicol por su informalidad y no tener una regulación enfocada a ellos”, aseguró.
La regulación
Para contener el problema, el gobierno comenzó a actualizar el marco regulatorio. Las empresas que almacenan o utilizan grandes volúmenes deben contar con permiso de autoconsumo, comprobar la trazabilidad mediante controles volumétricos y estar sujetas a inspecciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de autoridades energéticas.
El incumplimiento puede representar un riesgo operativo inmediato. “Si una empresa transportista tiene facturas por 80,000 litros es obvio que no está comprando en una gasolinera, porque se tendrían que tener miles de facturas, pero si tienes una sola de 80,000 litros por medio de un comercializador y el SAT llega a hacer inspección puede cancelar los sellos del transportista y dejarlo sin poder realizar operaciones”, señaló Marcelino.
La legislación establece que cualquier empresa que utilice más de 75,000 litros mensuales de combustibles para su propio consumo debe contar con el permiso correspondiente y operar con sistemas de trazabilidad. Para muchos negocios, esto implica migrar desde un esquema completamente informal hacia uno monitoreado.
Sin embargo, el marco institucional aún tiene piezas pendientes. Quiroz advierte que falta la regulación específica de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA), necesaria para definir los requisitos técnicos y de seguridad de los tanques y equipos que operan en estos patios industriales.
La ausencia de esa norma deja una brecha que permite que miles de instalaciones sigan fuera del radar, operando sin protocolos, sin estándares de seguridad y sin supervisión ambiental, pese a manejar materiales inflamables y riesgosos.
Más allá de su impacto en el sector gasolinero, el fenómeno de los autoconsumos irregulares afecta la recaudación fiscal, distorsiona la competencia, facilita la circulación de combustible robado y genera vulnerabilidades en materia de seguridad operativa.
