Gabriel Baeza Espejel, socio de Caral Law, Community & Environment, sostiene que, en los hechos, las comunidades tienen la última palabra. “Todo proyecto de infraestructura tiene que tener distintos permisos, desde el energético, construcción, etcétera. Desde mi punto de vista, el tema social es el más complejo de todo porque puedes tener todos los permisos, pero lograr las autorizaciones de las comunidades es muy complejo por los distintos intereses, hay grupos sociales que son complicados”, explicó.
La afirmación no es teórica. Existen proyectos que avanzaron durante años, con inversión comprometida y tramos construidos, y que aun así tuvieron que detenerse o rediseñarse por el rechazo social.
Uno de los casos más emblemáticos es el gasoducto de Agua Prieta, en Sonora. El proyecto ya contaba con varios kilómetros construidos cuando enfrentó la oposición de la comunidad yaqui, que rechazó que la infraestructura cruzara sus tierras.
El conflicto escaló hasta el ámbito federal. Incluso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que intervenir directamente en las negociaciones para destrabar el proyecto y definir una ruta alterna que rodeara el territorio comunitario, respetando su decisión.
Gasoductos detenidos y rutas replanteadas
No se trata de un caso aislado. Otros dos gasoductos estratégicos para el abasto de gas natural también quedaron atrapados en conflictos sociales que frenaron su desarrollo.
Uno de ellos es el gasoducto Tuxpan–Tula, de TC Energía, y otro el Guaymas–El Oro, de IEnova. En ambos casos, los desacuerdos con comunidades locales obligaron a detener la construcción y a replantear escenarios para su eventual avance.
Dado el carácter estratégico de estas obras, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intervino para asociarse con las empresas privadas y buscar una salida que permitiera destrabar los conflictos sociales. Entre las opciones planteadas estuvo el cambio de ruta para evitar las zonas de mayor oposición.
El objetivo, de acuerdo con los involucrados, fue respetar a las comunidades y evitar actos de abuso o despojo. Aun así, ninguno de los dos proyectos opera todavía de manera integral y ni la CFE ni las empresas han dado actualizaciones públicas recientes sobre su estatus definitivo.
Desde el punto de vista institucional, el componente social de los proyectos energéticos recae en la Secretaría de Energía (Sener), que es la encargada de realizar las evaluaciones sociales de las obras que buscan desarrollarse.
Hasta hace poco, los proyectos debían obtener un dictamen favorable de la Evaluación de Impacto Social (EVIS). Con la reforma energética de 2024, este trámite se actualizó a la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE), que eventualmente podría sustituir al esquema anterior.
Consultas, permisos y el nuevo enfoque social
El cambio no es solo de nombre. La nueva manifestación incorpora más criterios asociados a la llamada “justicia energética”, con el objetivo de evaluar de manera más amplia los impactos en pueblos y comunidades donde se pretende instalar infraestructura.
A la par, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, vigente desde 2018, establece que las consultas deben ser libres, previas e informadas, garantizando que las comunidades conozcan con claridad el tipo de proyecto, así como sus impactos positivos y negativos.
En este contexto, la Sener ahora tiene la facultad de negar el otorgamiento de la Manifestación de Impacto Social cuando la comunidad no esté de acuerdo con el proyecto o cuando exista una afectación importante que no pueda ser mitigada.
El momento en que se inicia la consulta también es crítico. En la práctica, los trámites regulatorios, las consultas sociales y otras autorizaciones deben avanzar casi de manera simultánea, lo que introduce riesgos de desalineación en los tiempos del proyecto.
Para poder solicitar un permiso ante la Comisión Nacional de Energía, las empresas deben acreditar que ya iniciaron el proceso de consulta con la Secretaría de Energía, lo que implica haber identificado previamente a las comunidades involucradas. Mientras la consulta avanza, otros trámites continúan su curso, aunque ninguno queda firme hasta contar con los resolutivos sociales.
“La construcción no puede arrancar hasta que se tengan los resolutivos finales del permiso y de la manifestación de impacto social”, explicó Enrique Guzmán, consultor experto en electricidad y socio en Enix.
Este esquema en paralelo abre la puerta a discrepancias que pueden frenar la obra o modificar los tiempos de ejecución, aun cuando el proyecto cumpla con los requisitos técnicos y regulatorios establecidos.
