Hablar de derechos laborales en México durante años fue hablar de pendientes. Jornadas largas, vacaciones mínimas, juicios que parecían no terminar nunca. El trabajo cambiaba, pero la ley se quedaba atrás.
Ese desfase empezó a cerrarse apenas en la última década. No con un solo golpe, sino con una serie de ajustes que, en conjunto, empezaron a mover una estructura que llevaba demasiado tiempo intacta.
Por años, la Ley Federal del Trabajo casi no se tocó. En 1970 se incorporaron derechos como el aguinaldo y la prima de antigüedad y luego vino un largo silencio. Más de 40 años sin reformas profundas, mientras el mercado laboral ya era otro.
En 2012 hubo un primer intento de actualización. Se abrieron figuras como los periodos de prueba y se reguló por primera vez la subcontratación. También se puso un límite a los salarios caídos en juicios laborales, que antes podían alargarse como si no tuvieran fecha de caducidad.
Fue un avance, pero parcial. La justicia laboral siguió siendo lenta y el modelo sindical permaneció intacto. Por eso, cuando llegó la reforma de 2019, el impacto fue distinto. Para Óscar de la Vega, abogado laboral y socio del despacho De la Vega y Martínez Rojas, ahí sí cambió la lógica.
“(Esa reforma) transformó de fondo la justicia laboral al desaparecer las juntas y crear nuevos tribunales. En el plano normativo, fue un verdadero parteaguas para la historia laboral del país”.
Antes de ese año, resolver un conflicto podía tomar años. Con la reforma, la conciliación se volvió obligatoria, es decir, que antes de demandar el trabajador y la empresa deben intentar un acuerdo, lo cual redujo tiempos y cambió la forma de enfrentar los conflictos.
La reforma también tocó algo que durante años operó en la sombra, la representación sindical. Antes muchos trabajadores no sabían quién negociaba sus condiciones, con los cambios legales, los contratos colectivos y las dirigencias sindicales quedaron sujetos al voto personal y secreto.
“Se buscó eliminar los contratos de protección y que la participación de los trabajadores fuera real”, explica De la Vega.
La ruta de aumentos al salario mínimo comenzó en 2019, cuando el gobierno federal cambió la política de contención salarial y apostó por incrementos sostenidos año con año, con el objetivo de recuperar poder adquisitivo tras décadas de rezago.
Después vinieron ajustes menos llamativos, pero más cercanos a la vida diaria del trabajo. En 2021, la subcontratación, o mejor conocida como outsourcing, quedó limitada a servicios especializados. El objetivo fue frenar esquemas que simulaban relaciones laborales, aunque para muchas empresas el cambio implicó reorganizar contratos y nóminas completas.
El teletrabajo o home office también dejó de ser un acuerdo improvisado. La ley empezó a exigir reglas claras sobre herramientas, costos y tiempos de desconexión, y trabajar desde casa pasó a ser una modalidad con derechos.
Luego llegaron cambios que parecen pequeños, pero dicen mucho del rezago acumulado. Las vacaciones mínimas pasaron de seis a 12 días desde el primer año de trabajo. A partir de ahí, comienzan a crecer de forma gradual conforme avanza la antigüedad del trabajador. México corrigió así una de sus mayores distancias frente a otros países de la OCDE.
La llamada Ley Silla entró en vigor en junio de 2023 y obligó a los empleadores a ofrecer asientos ergonómicos y periodos de descanso a quienes trabajan de pie. Algo básico en muchas economías, pero que en México no estaba garantizado.
A la par, el salario mínimo siguió subiendo. El aumento de 13% previsto para el próximo año muestra una tendencia que ha mejorado ingresos, aunque también ha tensado la discusión sobre costos y formalidad laboral.
Y hablando de discusión, la reducción de la jornada laboral ha estado sobre la mesa desde el sexenio pasado. Desde entonces ha generado debate entre empresas, sindicatos y especialistas, no solo por el impacto en las horas de trabajo, sino por lo que implica para costos, productividad y formalidad.
A diferencia de otras reformas recientes, esta toca directamente la forma en que se organiza el trabajo en la mayoría de los sectores, por lo que su discusión ha sido constante, incluso antes de convertirse en una propuesta formal.
La propuesta federal para reducir la jornada laboral a 40 horas plantea una implementación gradual a partir de 2027, esto es, una transición por etapas para que empresas y sectores puedan ajustarse de forma progresiva, sin recortes salariales.
Desde la mirada legal, el avance existe, pero no es completo. “Hoy el marco laboral mexicano ya incorpora estándares internacionales”, señala De la Vega. “Pero seguimos a medio camino”.
La distancia se nota al comparar jornadas. En México se trabajan más de 2,200 horas al año por persona. En la OCDE, el promedio ronda las 1,700. En países como Alemania o Francia, es todavía menor. No es solo una diferencia de horas, es una diferencia de modelo.
Para Estefanía Rueda, abogada laboral del despacho Littler, el reto ya no está en anunciar nuevas reformas, sino en hacer que las existentes funcionen en la realidad cotidiana de las empresas y de los trabajadores. “El marco legal ha avanzado, pero muchas veces se queda en el papel. Falta pensar cómo se implementa y cómo se incentiva su cumplimiento”, advierte.
Rueda también pone el foco en algo que suele quedar fuera del debate público. “Cuando las reformas se diseñan sin considerar incentivos o esquemas de adaptación, el cumplimiento se vuelve una carga y no una mejora real. Eso termina desincentivando la formalidad”, señala.
Ahí aparece el mayor contraste con otros países. Mientras en la mayoría de las economías de la OCDE la formalidad es la regla, en México más de la mitad de las personas ocupadas trabaja fuera del sistema. Para ellas, la jornada de 40 horas, las vacaciones dignas o la conciliación previa simplemente no existen.
Desde esa lectura, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral cobra otra dimensión. Puede acercar a México a los estándares internacionales, pero también puede ampliar la brecha si no viene acompañada de reglas claras, transición gradual y apoyo a quienes generan empleo.
“México ya dio varios pasos, cambió su justicia laboral, amplió derechos, actualizó reglas que llevaban décadas intactas. Lo que falta es que la ley no solo cambie, sino que alcance a más personas”, reitera la abogada.
