El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria de México, en este caso, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). La venta se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica.
La transacción también se enmarca luego de que en febrero de este año, Movistar ganara un litigio fiscal al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 280 millones de dólares, despejando obstáculos financieros para su venta.
Telefónica llevaba más de seis años intentando vender su operación. Pero deshacerse de sus activos había sido desafiante, debido a un mercado cada vez más complejo por temas de competitividad y política regulatoria que incluso llevaron a la empresa a deshacerse de todas sus licencias de espectro e infraestructura para mantener el equilibrio en sus finanzas.
Además, ampliar la base de usuarios móviles se ha complejizado en los últimos años debido a un mayor impulso por parte de los OMV a través de sus tarifas.